El 2018 ha sido un año retador para la Constructora Conconcreto que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
En primer lugar, por el impacto del retraso y los posibles aumentos de costos en el proyecto hidroeléctrico Ituango (liderado por EPM) y, ahora, por una investigación que le podría representar una multa de hasta $78 mil millones.
En días pasados, Empresas Públicas de Medellín (EPM) estimó que el retraso de las obras de construcción de HidroItuango sería de hasta tres años, lo que implicaría también demoras para Conconcreto que forma parte del consorcio constructor junto a Coninsa Ramón H y la brasileña Camargo Correa.
El pasado 21 de mayo, la empresa de construcción explicó que el backlog presupuestado para el 2018 para ese proyecto en especial era de $160 mil millones, de los cuales al cierre de abril se habían ejecutado $104.500 millones.
Para el período comprendido entre mayo y diciembre de 2018, el backlog (portafolio de proyectos) por ejecutar en Ituango asciende a $55.500 millones, “que se desplazarán dependiendo del retraso en la construcción de las obras, una vez se tenga el control total del proyecto”.
Y ahora, la investigación
En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) incluyó a Conconcreto “dentro del caso por una actuación administrativa donde se da inicio a una investigación para determinar si en el transcurso de la indagación preliminar por prácticas restrictivas de la competencia del proceso licitatorio del Tercer Carril Bogotá-Girardot”.
Sin entregar más detalles la empresa dijo que “pudo haberse presentado una omisión de acatar en debida forma, las solicitudes de información efectuadas por dicha entidad, sus órdenes o instrucciones”.
Valora Analitik conoció que la investigación se basa en una actuación administrativa en la que la Superintendencia solicitó explicaciones por una presunta obstrucción de la investigación de la licitación del tercer carril Bogotá – Girardot.
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