Hoy, nueva batalla legal entre pilotos de Acdac y Avianca

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Los pilotos de Avianca que fueron a huelga el año pasado mantienen viva la pelea jurídica buscando que se caiga el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal el cese de actividades.

El capitán Jaime Hernández, presidente del sindicato de pilotos de Acdac (afiliado a Avianca) le explicó a Valora Analitik cuál es el argumento que están usando para revivir el caso tras presentar una nueva tutela ante la misma corte.

En la entrevista dijo que Avianca había firmado un pacto colectivo con los pilotos como gremio independiente y no como parte de un sindicato integral de toda la industria aeronáutica que reúne a todos los empleados del sector.

Por esa razón, argumentó, la mayoría de los pilotos votó ir a la huelga al percibir vulnerados sus derechos como sindicato independiente del gremio de los pilotos.

Así, dijo, la huelga era legal con base en las legislaciones colombiana e internacional. Esta última respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que declaró que el servicio aéreo no es un servicio público esencial.

El líder sindical dijo que la Constitución de Colombia garantiza el derecho a la huelga y el país firmó un convenio con la OIT para respaldar ese derecho.

El sindicato de Acdac ha utilizado todos los argumentos que le brinda la ley para defenderse y ahora recurrió de nuevo a una tutela para intentar tumbar el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la huelga.

Lo hizo ante la Sala Civil de la misma corte. Espera el capitán que esa sala vote hoy miércoles la tutela después de haberla admitido para estudio (lo cual en términos jurídicos es un avance porque la sala pudo haber negado de entrada siquiera el estudio del caso).

La huelga no fue constatada por el Ministerio de Trabajo y eso es obligatorio por la regulación colombiana, no hay actas que certifiquen eso, dijo el capitán Hernández a Valora Analitik.

En sus palabras, Acdac no quiere que sean tribunales o la misma OIT quienes ordenen medidas cautelares para restablecer los derechos violados por la justicia colombiana.

Criticó que después del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la huelga del 2017 se les vinieron encima demandas a todos los miembros de la Junta Directiva del sindicato. Incluso, dijo, una demanda por US$196 millones por las pérdidas que la huelga le generó a Avianca.

Empresarios preocupados
En un pronunciamiento público, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que se necesita estabilidad jurídica de sus instituciones.

Esto al conocer que la Corte Suprema está estudiando la tutela de Acdac.

“La Andi ve con suma preocupación que, vía acción de tutela, sea revisada la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la declaratoria de ilegalidad de la huelga del año pasado en Avianca”, dijo la agremiación.

Agregó que dicha sentencia fue proferida en segunda instancia, por el que es el órgano de cierre en la jurisdicción laboral ordinaria, y luego de un proceso en el que todas las partes tuvieron oportunidad de intervenir.

Y añadió: “El propósito de la tutela no es hacer interminables los procesos, es la protección de los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados por vías de hecho y no existe otro medio de protección. Como fue dicho, en el caso de la declaratoria de ilegalidad de la huelga de Avianca fueron agotadas todas las instancias jurisdiccionales, hubo respeto del debido proceso y la decisión fue sustentada ampliamente por los magistrados”.

La actitud de interponer múltiples acciones de tutela y de presentar quejas ante organismos internacionales por no estar de acuerdo con la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “constituye un abuso del derecho y un irrespeto por las decisiones de las altas cortes”, advirtió la Andi.

“A la Andi le extraña -agregó- que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia haya admitido la acción de tutela en este caso, y pretenda revisar la decisión del órgano competente y experto para los asuntos laborales.