El Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta en contra de Cementos Argos y a su representante legal José Alberto Vélez Cadavid por la Superintendencia de Industria y Comercio al encontrarla responsable, junto con Cemex y Holcim, de conformar un cartel empresarial en la modalidad de paralelismo consciente para fijar los precios del cemento gris Pórtland tipo 1 entre junio y diciembre de 2005, así como para repartirse dicho mercado durante el mismo periodo en Colombia.
Durante la investigación, la Superintendencia encontró, entre otras cosas, que los precios presentaron un comportamiento paralelo entre junio y diciembre de 2005 y reacciones simultáneas en proporciones similares al final de dicho periodo; y que existe suficiente evidencia del intercambio de información y las reuniones que llevaban a cabo tanto los representantes legales como los responsables del área comercial, lo cual propició la colusión o cartelización entre las empresas.
Así mismo, la entidad halló que existió un acuerdo cartelista entre las sancionadas para repartirse el mercado de cemento gris Pórtland tipo 1 en el país entre junio y diciembre del 2005.
Las sanciones impuestas en el 2008 ascendieron a $923 millones para el caso de Argos y $138 millones para Vélez Cadavid.
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Esta conclusión tuvo como fundamento, según la indagación, el comportamiento estable de las participaciones de mercado de estas empresas, el intercambio de información detallada y desagregada de los despachos nacionales de cemento gris, el abastecimiento efectuado a Cemex por parte de sus competidores en un escenario de “guerra de precios”, el reconocimiento de inexistencia de competencia entre Argos, Cemex y Holcim, y la existencia de un comportamiento concurrente entre los investigados, facilitado por el intercambio de información, las reuniones de los representantes legales y responsables del área comercial y los demás elementos facilitadores que habrían propiciado una colusión o cartelización.
Por lo anterior, mediante la Resolución No. 51694 del 4 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las cementeras, decisión que fue confirmada íntegramente por el Consejo de Estado.
Recordó que contra la decisión del Consejo de Estado no proceden recursos legales en Colombia.
Como se sabe, la Superintendencia sancionó en otra investigación a las tres empresas por otro caso de presunta cartelización, lo cual les acarreó sanciones por $73 mil millones. Las tres empresas presentaron recursos antes el propio Consejo de Estado para revertir tal determinación.
