La Superintendencia de Sociedades contestó a la Corte Constitucional, en relación con la práctica de pruebas en ejercicio de las competencias conferidas en la Ley 1778 de 2016.
La entidad dijo que esperará la expedición del fallo judicial, para determinar sus alcances y pronunciarse al respecto. Previamente, la Corte Constitucional dijo que las superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio deben tener orden judicial para tener información en inspecciones que realizan.
Así mismo, señaló que no ha realizado interceptaciones telefónicas, pues no es competente para ello.
En su comunicado, añadió que “las facultades conferidas en virtud de la mencionada Ley son indispensables para la eficacia de las investigaciones administrativas sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional, por lo que, cualquier posible limitación al recaudo de pruebas, podría restringir la efectividad de la lucha contra el soborno transnacional y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (aprobada mediante la Ley 1573 de 2012)”.
No obstante, la entidad acatará el fallo de la Corte Constitucional.
