La firma comisionista Profesionales de Bolsa se vio salpicada en las investigaciones por el caso Odebrecht desde 2017 cuando la Fiscalía detuvo a su representante legal Gustavo Adolfo Torres porque habría usado sus compañías para negociar los dineros de la empresa brasileña.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la sociedad comisionista habría firmado un contrato por $9.716 millones para asesoría financiera y de banca de inversión relacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña-Gamarra.
Sin embargo, a pesar de que la cifra fue cobrada en cuatro facturas entre el 2014 y el 2015, la Superintendencia Financiera dice que “la sociedad comisionista no concreta la existencia de ningún soporte técnico relacionado con los entregables del contrato de asesoría suscrito”.
Posteriormente, después de 31 años en el mercado (fundada en 1987), la Superintendencia Financiera, en cabeza de Jorge Castaño, ordenó cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores de Profesionales de Bolsa.
La decisión de la entidad de control, que tiene vigilada a la comisionista, se dio el 13 de diciembre de 2018, y entre las razones expuestas para tomar el juicio se encontró el antecedente de que la firma comunicó el 25 de julio que la Asamblea General de Accionistas había decidido disolver la persona jurídica y posteriormente proceder a la liquidación voluntaria.
Hoy, finalmente, la Bolsa de Valores de Colombia dijo que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1.5.1.8 de su Reglamento General, la comisionista pierde su carácter de miembro de la bolsa.
Por lo tanto, informó que dicha entidad ha dejado de realizar las actividades propias de las sociedades comisionistas de bolsa.
