La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Argentina en ‘B’ con una perspectiva negativa.
Las perspectivas negativas, dijo, reflejan un contexto macroeconómico frágil y los riesgos para la sostenibilidad de la deuda soberana y la flexibilidad financiera, que se amplifican por las incertidumbres que rodean las próximas elecciones. Un programa de stan-by (SBA) del FMI sigue en camino, ayudando a mitigar los riesgos financieros a corto plazo.
Sin embargo, señaló que las perspectivas a mediano plazo para la consolidación fiscal y la recuperación del acceso a los mercados a medida que se agotan los fondos del FMI siguen siendo inciertas.
Los resultados de las elecciones que resultan en interrupciones de las políticas o una reacción negativa del mercado representan un gran riesgo a la baja, pero los desafíos al crecimiento, la estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal pueden persistir incluso si se evita este escenario, detalló el reporte de la agencia.
En su concepto, la administración de Macri se ha enfrentado a concesiones difíciles para avanzar en los ajustes de políticas necesarios en el marco del SBA al tiempo que apoya sus perspectivas en las próximas elecciones de octubre.
El endurecimiento de las políticas en medio de una recesión ha pesado en su popularidad sin ofrecer aún algunos de los beneficios originalmente esperados, a saber, una menor inflación, lo que provocó algunas medidas populistas (por ejemplo, controles de precios) pero no una desviación importante de la política. La perspectiva de la política a medio plazo depende de las elecciones.
Una victoria de Macri, según Fitch, apoyaría la continuidad de la política y el sentimiento del mercado, pero las medidas de ajuste y las reformas necesarias podrían resultar aún más difíciles políticamente que las que ya se han promulgado.
La perspectiva es más incierta si un candidato de la oposición gana.
Esto podría ser especialmente negativo si descarrila los ajustes de la política o provoca una reacción negativa del mercado que socava la estabilidad macroeconómica y el acceso a la financiación.
Fitch estima que las necesidades de financiamiento soberano de alrededor de US$48 mil millones en 2019 (en gran parte denominadas en dólares) están cubiertas por los desembolsos programados del FMI, la prefinanciación y la renovación de las tenencias de deuda pública y las líneas de recompra.
Sin embargo, una brecha de financiamiento volverá a surgir en 2020 a medida que se agoten los fondos del FMI.
El soberano deberá refinanciar una importante cantidad de bonos nacionales en 2020, lo que podría verse facilitado en parte por la gran parte (más del 40%) que tiene el sector público.
Los reembolsos de bonos externos se vuelven más onerosos a partir de 2021. Los riesgos de cubrir estas brechas de financiamiento podrían aumentar si el deslizamiento fiscal o los resultados de las elecciones impiden el acceso al mercado.
El gobierno ha podido mantener reinversiones saludables de bonos del Tesoro (un stock de US$25 mil millones), pero las presiones de liquidez podrían surgir si esto se volviera más difícil y agotara las reservas de efectivo, lo que es posible en caso de mayores incertidumbres electorales, dijo la firma.
El gobierno ha cumplido sus objetivos de consolidación fiscal hasta el momento, manteniendo el programa del FMI en marcha.
El déficit primario federal cayó a 2.6% del PIB (en línea con el objetivo de 2.7%) de 3.8% en 2017, y el déficit general a 5.2% de 5.9%. Los déficits provinciales también mejoraron, reduciendo el déficit del gobierno general a 5.5% de 6.2%. Sin embargo, una mayor reducción del déficit es cada vez más difícil en 2019, advirtió.
En lo que va del año, los nuevos impuestos a la exportación han caído muy por debajo de las estimaciones anteriores, y otros ingresos se han debilitado en medio de la recesión económica.
Las autoridades recientemente aumentaron los impuestos de importación para respaldar el objetivo fiscal, pero es posible que se necesiten medidas adicionales.
Fitch proyecta un déficit primario federal de 0.5% del PIB en 2019, lo que implica el uso total de los “ajustadores” al objetivo de 0% permitido en el SBA y un déficit general de 3.6%.
Las perspectivas para el logro del objetivo de superávit primario federal del 1% del PIB para 2020 son menos claras dada la incertidumbre sobre la agenda política y la fortaleza política del próximo gobierno.
Fitch Ratings proyecta un superávit primario de 0.5% y un déficit general de 2.7%. Los factores transitorios que han ayudado a la consolidación fiscal hasta ahora también desaparecerán.
Gran parte de la disminución real en los gastos primarios hasta el momento ha reflejado un aumento de la inflación en lugar de recortes intencionales, y la indexación hacia atrás de gran parte de estos (es decir, beneficios sociales, 60% del total) conllevará aumentos reales cuando la inflación disminuya.
La alta presión fiscal deja un espacio estrecho para el aumento de los ingresos Esto colocará la carga de la consolidación en salarios, subsidios y desembolsos discrecionales, que implican dificultades políticas y compensaciones con prioridades microeconómicas.
La deuda del gobierno federal aumentó a 86.2% del PIB en 2018 de 56.6% en 2017.
El aumento fue impulsado por la depreciación del peso, pero fue mucho mayor de lo esperado en el SBA a pesar del cumplimiento de los objetivos fiscales debido al endeudamiento adicional “por debajo de la línea”.
La deuda de las administraciones públicas (federal y provincial, consolidada con tenencias de valores sociales) alcanzó el 84,9% del PIB, muy por encima del 49% de la mediana histórica ‘B’.
Fitch espera que la deuda del gobierno federal se modere al 80% del PIB para 2020, por encima de las últimas proyecciones del SBA.
