Argentina y Chile buscarán reactivación sectorial en medio de coronavirus

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El Gobierno de Argentina está relajando progresivamente las reglas tras un mes del comienzo de la cuarentena obligatoria. Esta determinación obedece a la merma en la tasa de contagios día a día.

El número de actividades permitidas a pesar del cierre está aumentando, con un permiso para que las tiendas minoristas trabajen, si se trata de vender en línea o por teléfono.

A partir de la próxima semana, habrá diferencias en las reglas de bloqueo por región, y el gobierno permitirá un conjunto más amplio de actividades en provincias con menos población y menos casos de coronavirus.

En ese país, los esfuerzos para brindar ayuda a las empresas afectadas por el bloqueo continúan avanzando a un ritmo conservador. El Ejecutivo está ofreciendo una exención de un mes sobre las contribuciones a la seguridad social que se pagarán en mayo y aseguró que ayudará a pagar los salarios a un pequeño universo de compañías.

Los bancos están otorgando préstamos a bajo interés a las pymes para financiar capital de trabajo bajo la presión del Gobierno. Hasta ahora, van 91.000 millones de pesos argentinos en préstamos entregados, según reveló el Banco Central de la República Argentina (Bcra).

 

Reactivación en Chile

La propagación del coronavirus en Chile continúa bajo control, y los casos aumentan constantemente a un ritmo entre 3 % y 5 % día a día desde el comienzo de la semana pasada.

Con la situación bajo control, pero aún lejos de un punto en el que las medidas sanitarias se pueden relajar significativamente, los funcionarios del Gobierno dijeron que están trabajando en un protocolo para adaptar la actividad a la “nueva normalidad”.

En particular, los funcionarios quieren reabrir centros comerciales, escuelas, cafeterías y similares en las próximas semanas, pero con medidas establecidas para reducir el riesgo de propagación del virus.

En términos de apoyo a la economía, el Congreso de Chile aprobó una expansión del esquema de garantías estatales sobre préstamos, que incluye una inyección de efectivo de US$3.000 millones al fondo de garantías, cuyo objetivo es auxiliar a las empresas.

El gobierno aumentó su estimación de déficit fiscal para el año al 8,0 % del PIB, y eso a pesar del uso de una reestructuración presupuestaria para ahorrar unos US$2.000 millones y retiros de los ahorros de contingencia.

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