La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ganaron una demanda en la que la caja de compensación Compensar reclamaba una indemnización de $104.000 millones, por la suspensión de las obras de un proyecto inmobiliario en Bogotá. Para más información de empresas.
El asunto inició en 2005 cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió la Resolución No. 4634, mediante la cual realinderó la zona de reserva forestal de los cerros orientales, declarando varios predios como parte de estas zonas y ordenando la suspensión de las obras que allí se venían desarrollando hasta que el Distrito expidiera nuevas normas que regularan la construcción.
En este sentido, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito (Dama) decidió adoptar como medida preventiva de carácter general “abstenerse de tramitar permisos o autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales renovables en el área objeto de reglamentación por parte de la resolución 463 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.
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Debido a esa decisión, la construcción del proyecto de vivienda denominado Parque Residencial San Jerónimo de Yuste, ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur-Este de la ciudad de Bogotá, quedó suspendida.
El Consejo de Estado confirmó la decisión adoptada en primera instancia por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negando las pretensiones de la demanda al no encontrar la existencia de un daño antijurídico.
Esto luego de considerar que “la suspensión o la sola demora en la recuperación de los dineros invertidos y la obtención del beneficio perseguido por Compensar con el proyecto inmobiliario, no implicaba que se le hubiera ocasionado un daño especial, anormal o superior al que normalmente deben asumir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza del derecho de propiedad, dada su función ecológica y social, así como de los poderes del Estado en materia de intervención económica”.
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Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado, la decisión es el resultado del trabajo articulado entre las entidades demandadas y la Agencia.
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