La Comisión de Expertos Anticorrupción (Fedesarrollo, Misión de Observación Electoral, la organización De Justicia y Transparencia por Colombia) entregó una serie de recomendaciones para que el país pueda avanzar en materia de lucha contra la corrupción, teniendo como telón de fondo las elecciones a Congreso y Presidencia que se van a llevar a cabo este 2022 en Colombia.
En un primer momento, recuerda el documento la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea autónomo “frente a la clase política con consejeros elegidos de forma independiente entre candidatos idóneos para desempeñar sus funciones”.
Advierte el análisis que otorgarle más facultades de autonomía al CNE no puede modificar las funciones administrativas sancionatorias y reglamentarias de la entidad.
Con esto de base, es entonces necesario modificar la nominación y elección de los consejeros del CNE. Lo anterior al tiempo que se sigue fortaleciendo la capacidad de investigar, regular y sancionar del Consejo Nacional Electoral; eso incluye la necesidad de tener una planta y presupuesto autónomo.
Con esto de base, el informe también pide garantizar que el CNE sea independiente de la Registraduría, en temas de presupuesto, con autonomía en la ordenación del gasto.
Pagos a campañas
A ojos del análisis, un catalizador en la lucha contra la corrupción de Colombia se debe centrar en avanzar hacia un financiamiento mayoritariamente público de las campañas políticas.
“La financiación de las campañas políticas debe ser mayoritariamente pública, libre de influencia indebida de contratistas privados, equitativa, con giros oportunos y claros a las campañas y partidos políticos, con financiación pública a los costos de transporte y publicidad, y con topes a los gastos de los partidos políticos paralelos a los gastos de campaña”, se lee en el informe.
Lo anterior debería entonces complementarse con otras medidas, como la posibilidad de empezar a evaluar un sistema obligatorio de listas cerradas en los cuerpos plurinominales como el Senado de la República.
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“Esta transición debe empezar con la implementación en las siguientes elecciones de un sistema de listas combinadas para el Senado, donde los primeros cinco renglones sean “fijos” y después haya una lista con voto preferente. Lo mismo aplicaría para cualquier cuerpo con más de 21 miembros. Lo anterior es necesario para lograr una mayor consolidación de los partidos políticos y evitar la competencia interna excesiva que encarece los costos de campañas”.
Ahora, el análisis también expone una serie de recomendaciones para los ministerios públicos como la Procuraduría. En ese sentido, esa institución debería concentrarse en las investigaciones de corrupción de alto impacto, ser garante de la Ley de Transparencia y, así mismo, identificar los riesgos de corrupción en la administración pública.
Más herramientas
En cuanto a otros mecanismos apremiantes para la lucha anticorrupción, se pide garantizar la calidad en el registro de la información sobre contratación pública.
De ahí que sea imperativo “mejorar la calidad y completitud de la información en los registros del Secop, permitir la interoperabilidad con otros sistemas como el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y mejorar la capacidad de hacer análisis de datos”.
Estas mejoras podrían tener un mayor sustento al poder establecerse mecanismos automatizados de precertificación y control de la información registrada, “que permiten diligenciar datos estandarizados como NIT y nombres de las entidades de forma automática y así evitar errores básicos, e implementar capacitaciones previas y obligatorias para los funcionarios que registran datos y cargan información”.
Adicionalmente, para Colombia podría ser muy útil un esquema de transición de prestación de servicios a planta sin un aumento en el gasto fiscal.
Esto llevaría a que el país cuente con un esquema de transición de los contratos de prestación de servicios en actividades misionales “hacia un esquema general de planta temporal y permanente, que establezca límites a los contratos de prestación de servicios, defina una estandarización de funciones, y tenga mecanismos transparentes de selección de los contratistas remanentes, como bolsas de empleos para la evaluación de los candidatos”, dice el informe.
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La idea entonces es que ese cambio decante en el hecho de que se supriman, de manera gradual, las figuras de los cargos provisionales.
Claridad en cuentas
“Para evitar que el proceso presupuestario se convierta en escenario de corrupción y socave el control legislativo al poder del Ejecutivo, se debe incrementar la transparencia del proceso, especialmente la asignación de los cupos indicativos, y su trazabilidad desde la asignación a un congresista hasta la ejecución de la obra o servicio”, agrega el documento.
Finalmente, para la Comisión de Expertos Anticorrupción sería valioso prohibir el uso del efectivo para transacciones de inmuebles, vehículos y otros por encima de $10 millones.
Esto último “con el objetivo de combatir el lavado de activos en actividades con alta informalidad, restringir en algunas actividades las transacciones en efectivo por encima de ciertas cantidades, y aumentar la responsabilidad de asesores tributarios, contadores y notarios”.
Las transacciones también tienen en cuenta operaciones por compra o venta de joyas, obras de arte, aerodinos, semovientes y embarcaciones.
