La Junta Directiva de EPM aprobó el programa de enajenación para vender el 100 % de la participación accionaria que la empresa posee en Inversiones Telco S.A.S., por $110.449 millones.
En el caso de una empresa como EPM, la enajenación implica transferir acciones que pertenecen al Estado a inversionistas privados, bajo ciertas reglas y la Ley 226 de 1995, que regula la venta de activos públicos, y faculta al gerente general para expedir los reglamentos y lineamientos de cada etapa del proceso.
¿Cómo va el negocio?
EPM decidió salir de Tigo-UNE luego de que la empresa se convirtiera en un activo poco relevante dentro del portafolio del conglomerado público de servicios más grande del país.
La estrategia responde a una prioridad corporativa: concentrarse en sus negocios esenciales —energía, agua, gas y residuos— y liberar liquidez para impulsar su plan de inversiones y fortalecer su sostenibilidad financiera.
Este movimiento se suma a otro avance clave: en octubre, la Superintendencia Financiera autorizó la inscripción de las acciones de Tigo-UNE en el Registro Nacional de Valores y Emisores, un paso necesario para concretar la venta del 50 % de participación que EPM mantiene en la compañía de telecomunicaciones.
Por ahora se espera qué tanto avanzarán las etapas formales exigidas por la Ley 226 y negociaciones simultáneas con Millicom y otros inversionistas institucionales.
Pero por ahora, la atención estará en el apetito del mercado en las acciones, así como en la evaluación que haga la Superintendencia de Industria y Comercio sobre eventuales efectos en la competencia.
Por otro lado, la empresa paisa tendrá que presentar un bloque atractivo y condiciones claras.
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