La reforma a la salud regresará este martes 9 de diciembre al Congreso de la República para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.
El proyecto fue ubicado en el primer punto del orden del día, impulsado por el mensaje de urgencia enviado por el Gobierno de Gustavo Petro, que busca que la discusión avance en una de las últimas sesiones legislativas del año.
La presión del Ejecutivo llegó al límite. El ministro del Interior, Armando Benedetti, les advirtió a los senadores de la Comisión que podría denunciarlos ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato si no le dan trámite al proyecto.
Aun así, el articulado no ha avanzado. Los congresistas alegan que antes de abrir el debate necesitan una explicación clara del Ministerio de Hacienda sobre la financiación de la reforma, cuyo costo y aplicación quedará principalmente en manos del próximo gobierno.
Por el lado del Ministerio de Hacienda, la cartera insiste en que la reforma sí cuenta con aval fiscal y que su implementación no depende de una ley de financiamiento adicional ni de nuevos tributos.
Según el análisis oficial enviado al Senado, el costo del nuevo sistema —que entraría en vigor en 2026— podrá cubrirse con recursos ya existentes del Presupuesto General y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“El impacto fiscal estimado del proyecto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”, dice el documento.
El Ministerio de Salud calcula que el sistema requerirá $109 billones en 2026, equivalentes al 5,88 % del PIB, para cubrir atención primaria, fortalecimiento hospitalario, licencias, incentivos y los costos de operación de la ADRES.
Hacienda detalló que los recursos provendrán de cuatro fuentes tradicionales y dos adicionales ya existentes:
Fuentes tradicionales
- Aportes de la Nación: $44 billones en 2026, con un crecimiento progresivo hasta cerca de $96 billones en 2036.
- Cotizaciones al sistema: $37 billones aportados por trabajadores y empleadores.
- Sistema General de Participaciones: $20 billones en salud pública y transferencias a los territorios.
- Otras fuentes: $8 billones de rentas cedidas, juegos de azar, multas y cajas de compensación.
Fuentes adicionales
- Impuestos saludables: el 100 % del recaudo por bebidas azucaradas y ultraprocesados irá a salud desde 2026, con una estimación de $2,9 billones el primer año.
- IVA social: el 0,5 % del IVA nacional seguirá destinado al sector, aportando $2 billones anuales.
En conjunto, estas fuentes sumarían más de $109 billones para 2026, cifra que crecería con el PIB y que, según Hacienda, incluso generaría un leve superávit.
Sin embargo, varios senadores reclaman que el Legislativo debe cerrar primero el debate de la ley de financiamiento – que agoniza en el Congreso-, pues de ese proyecto depende saber con exactitud cuántos recursos quedarán disponibles para transformar el sistema de salud.
Además, el Comité de la Regla Fiscal lanzó una alerta: de aprobarse la reforma, el país podría enfrentar un déficit de $126 billones, lo que contradice el optimismo fiscal del Gobierno.
