La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas informaron hoy que se requieren cerca de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas por el conflicto armado en el país.
A su vez, señalaron que son insuficientes las metas acordes en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.
Las comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida y en un tiempo razonable para ello.
Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender esta población de especial protección.
Actualmente, el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6´495.713 y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a solo el 12.6%. En el nuevo PND se establece una meta de 1´427.777 víctimas reparadas administrativamente, lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar al 20% de víctimas que tienen este derecho, informaron las comisiones de seguimiento.
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