La Dirección Marítima de Colombia, Dimar, expresó su preocupación por una propuesta para instalar un terminal de importación de gas natural licuado (GNL) en las costas del Pacífico, lo que siembra más dudas sobre el proyecto de US$660 millones.
En una carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el inspector general de la Armada, Javier Díaz dijo que el diseño actual del proyecto plantea riesgos operativos ante accidentes e incidentes.
La Armada «se opone por inconveniencia al trámite de concesión de la ubicación de una terminal de regasificación en las proximidades a las unidades militares», señaló el oficial.
La planta invadiría áreas restringidas para uso exclusivo de la Armada y violaría las distancias «mínimas de seguridad exigidas por la norma internacional» que protegen contra incendios y la dispersión de vapor de GNL, agregó.
A su vez, en otra carta dirigida a la Unidad de Planificación Minero Energética (Upme), del Ministerio de Minas y Energía, el director general marítimo, Juan Manuel Soltau, dijo que un análisis detectó «riesgos asociados al proyecto que afectan directamente la seguridad marítima y las operaciones del proyecto».
En ese sentido, solicitaron al gobierno que reconsidere el sitio propuesto debido a su interferencia con otras instalaciones portuarias y las posibles interrupciones al tráfico marítimo.
Ad portas de licitación
El terminal de regasificación procesaría hasta 400 millones de metros cúbicos diarios (11 Mn3/d) y almacenaría 170.000 m3 de gas natural, disponiendo de un presupuesto de US$400mn. Sería la segunda instalación de importación de GNL de Colombia al sumarse a la terminal SPEC en Cartagena, que entró en servicio en 2016 y que es operada por Promigas (filial de Corficolombiana).
En los borradores de los documentos de licitación de ka Upme se incluyó un gasoducto asociado de US$260 millones y 75 kilómetros para la conexión del terminal con Yumbo en las afueras del norte de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia.
Durante diciembre de 2019 está previsto que se lance una licitación por el terminal y el ducto de GNL y la Upme ha dicho que espera adjudicar los contratos a mediados de 2020. En ese sentido, la planta de regasificación comenzará a operar en 2023 y el gasoducto, en 2025.
Entre los interesados en adjudicarse el proyecto se encuentra Transportadora de Gas Internacional (TGI), del Grupo Energía Bogotá (GEB), para lo cual formó un consorcio en partes iguales con una socia internacional para llevar a cabo el proyecto.
También la empresa de transporte Promigas, con sede en Barranquilla, ha expresado su interés a pesar de su incertidumbre sobre el destino final del gas y cómo se remunerará a los interesados.
(Con información de Mundo Marítimo)
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