El nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso al Gobierno frenar la compra de 3 millones de hectáreas, en el marco del acuerdo alcanzado a comienzos de 2023 entre el Gobierno y Fedegán, y de cambiar los criterios para el impuesto predial. La propuesta de Rendón es que, en cambio, genere incentivos para la creación de un mercado rural de tierras, con el arrendamiento para proyectos productivos como impulso para este.
En pocas palabras, lo que busque el cálculo del impuesto predial varíe según el uso de la tierra.
El argumento de Rendón es que, si se incentiva un “verdadero mercado rural de tierras, aún hoy inexistente en Colombia”, el Estado podría ahorrar unos $60 billones -equivalentes a dos reformas tributarias, aproximadamente-, a la vez que promueve la creación de nuevos proyectos productivos en el campo.
“En el campo, contrario a lo que sucede en las ciudades, toca poseer tierra para emprender un negocio propio del sector. Los campesinos o agricultores deberían estar en capacidad de sacar adelante un emprendimiento así sea arrendando tierra. Tal y como pasa con cualquier local o bodega en las zonas urbanas: se arriendan a quien las necesite”, señaló Rendón.
Cómo se incentivaría un mercado rural de tierras
La propuesta parte del cálculo de que cada hectárea de los 3 millones que quiere comprar el Gobierno de Gustavo Petro tiene un valor comercial de $20 millones. Y que cada hectárea, según el Agustín Codazzi, tiene un avalúo catastral del 30 % de su precio en el mercado. Es decir, que cada hectárea estaría registrada a un valor catastral de $6 millones.
“Como la tarifa efectiva que aplican los municipios en el impuesto a la propiedad no supera el 4×1.000, cada dueño estaría tributando en predial tan solo $24.000/ha (impuesto predial – valor catastral x tarifa)”. Con ese cálculo, el recaudo sería de $72.000 millones.
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Si se actualizan las tierras que quiere comprar el Gobierno, su valor catastral quedaría en $12 millones por hectárea. De cara a la creación de un mercado rural de tierras, cada concejo municipal tendría que gravar las tierras según su vocación. La taria sería del 2×1.000 si se utiliza según esta. Así, el recaudo también sería de $72.000 millones.
Pero en caso de que propietarios se nieguen a utilizar las tierras según su vocación. Estas serían avaluadas con la tarifa máxima del 16×1.000, pasando de $24.000 a $192.000. Así, habría un recaudo potencial de $576.000 millones. La lógica es que, por ahorrar en el valor del impuesto, se incentivaría el uso para emprendimientos agroecológicos.
“De esta manera, sin gastar un solo peso del presupuesto y sin necesariamente cambiar el derecho de la propiedad, ingresarían al mercado rural de arrendamiento de tierras 3 millones de hectáreas para producir alimentos”.
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