El Gobierno de Argentina ordenó un cese nacional de actividades el 20 de marzo que durará al menos hasta el 31 de marzo para contener la propagación del coronavirus.
A pesar del bajo número de pacientes confirmados, las autoridades consideraron que el cese era necesario porque las débiles capacidades de diagnóstico, indican poca efectividad a la hora de conocer cuál es la extensión de la propagación del coronavirus en ese país.
En medio de la restricción, solo los trabajadores de la salud —o las personas que trabajan en el suministro de servicios clave de bienes— pueden salir de sus hogares para hacer más que comprar comestibles.
Durante este tiempo, el Ministerio de Salud está tratando de importar los materiales necesarios para realizar más pruebas. Es extremadamente probable que el bloqueo se extienda al menos hasta mediados de abril y, según analistas, las consecuencias económicas serán muy grandes.
Para empeorar las cosas, la débil posición fiscal del gobierno significa que el paquete de estímulo que está utilizando para mitigar los efectos de la crisis es moderado, especialmente si se compara con lo que están haciendo la mayoría de los otros países.
Las empresas más afectadas estarán exentas de pagar contribuciones a la seguridad social de sus empleados y se les ofrecerá facilidades para pagar salarios, pero el alcance de las medidas sigue siendo desconocido.
Habrá modestas transferencias únicas para los jubilados que perciben pensiones mínimas, beneficiarios de cuidado de niños, desempleados, trabajadores independientes de escasos ingresos que no pueden trabajar por aislamiento y algunos trabajadores informales de limitados ingresos.
Por el lado de la política monetaria, el Banco Central de la República Argentina está alentando a los bancos a otorgar préstamos con tasas negativas a las empresas que necesitan financiar capital de trabajo, ofreciendo a cambio una moderada relajación de los requisitos de reserva.
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