Este lunes, la Fiscalía argentina solicitó 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner , para ocupar cargos públicos. Lea más Noticias Económicas Internacionales.
Lo anterior, tras encontrarla responsable por un acto de corrupción llevado a cabo entre en la licitación de obras públicas en Santa Cruz cuando fue mandataria (2007-2015).
Como informó AFP, Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.
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Al parecer la vicepresidenta, junto con otras 12 personas, habrían orientado la respectiva licitación para favorecer al entonces empresario Lázaro Báez.
El Ministerio Público estimó en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel, según explicó el medio de comunicación Europa Press.
El fiscal que lleva el caso en el país, Diego Luciani, anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez, quien podría tener 12 años de cárcel, para el resto de imputados se solicitará la imposibilidad de ocupar cargos públicos.
Hay que decir que tan solo pocos minutos después de que se conoció la decisión de solicitud de condena hecho por el fiscal, la Presidencia del país publicó un comunicado rechazándolo.
«El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, se lee en AFP.
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