Durante su rendición de cuentas, la Superintendencia de Sociedades anunció que impulsará un proyecto de ley el cual pretende modernizar las entidades deportivas. Dicha iniciativa busca crear una nueva figura de sociedades por acciones simplificadas especiales (SAS) para el sector deportivo.
La propuesta contempla realizar cambios en la estructura legal de las sociedades deportivas de modo que se garantice la adecuada explotación económica de las actividades que desarrollan los equipos.
Este proyecto también permitiría la conformación de sociedades con diversas modalidades de acciones, esquemas de capitalización flexible y el establecimiento de estructuras orgánicas más sencillas.
Además, la iniciativa establece modificaciones al ámbito de facultades de la Superintendencia de Sociedades y el registro mercantil de las compañías, al tiempo que busca de actualizar las normas que regulan a las compañías en asuntos tales como la responsabilidad de los administradores y la protección de los accionistas minoritarios.
La entidad también informó que en los últimos meses se han intensificado las medidas para prevenir, detectar y sancionar la captación ilícita de recursos del público. Por esta conducta ilegal ya se ha intervenido a 53 personas naturales y jurídicas, en lo corrido de 2018.
Las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades cobijan a 33 personas naturales y 20 sociedades localizadas en ciudades de la Costa Caribe y del interior del país. El número de casos tiende a ser inferior a los que se registraban en años anteriores, si se tiene en cuenta que en todo el 2017 el número de intervenciones por captación fue de 210.
Así mismo, luego del ingreso de Colombia a la Ocde la Superintendencia de Sociedades intensificó las medidas de lucha contra el cohecho en casos de empresas instaladas en Colombia que incurren en soborno de funcionarios públicos extranjeros, para sacar ventaja en licitaciones públicas.
La entidad entró en una fase de fortalecimiento de las facultades en materia de lucha contra el soborno internacional, en desarrollo de las competencias otorgadas por la ley expedida en 2016, que castiga este delito, con multas que pueden alcanzar hasta 200 mil salarios mínimos.
La Superintendencia ha adelantado 25 inspecciones forenses y viene utilizando tecnología de punta para investigar, descubrir y sancionar casos de soborno internacional, a partir del seguimiento de movimientos financieros y actuaciones sospechosas.
