La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de tumbar la suspensión de la Ley de Garantías les puso freno de mano a los convenios interadministrativos (entre entidades) antes de elecciones presidenciales.
La medida, anunciada este jueves, declaró inexequible los cambios hechos por el Congreso el año pasado en medio de los debates de la Ley de Presupuesto. Lea más en Noticias Políticas.
Particularmente, el Legislativo suspendió la prohibición de celebrar este tipo de contratos, con los cuales el Gobierno Nacional les gira recursos a alcaldías y gobernaciones para ejecutar obras de cualquier tipo.
Normalmente, dichos convenios cesan meses antes de las elecciones, pero en esta ocasión se ejecutaron cientos por el permiso del Congreso.
No obstante, la situación cambió este jueves cuando la Corte Constitucional tumbó los ajustes hechos en 2021 y fijó las nuevas reglas de juego para la época preelectoral en Colombia.
¿Cuáles quedan y cuáles no?
Por medio de un comunicado, el alto tribunal señaló que los convenios interadministrativos suscritos que ya se ejecutaron por completo se mantendrán intactos.
Eso sí, para aplicar esto, el contrato debía estar al 100% una vez se informó la decisión de la Corte mediante el comunicado oficial.
Una cosa diferente sucederá con aquellos convenios interadministrativos que no han sido firmados.
“A partir del comunicado oficial (…) no es posible suscribir convenios, por lo cual, aquellos trámites que se encuentran en curso deberán terminarse inmediatamente para impedir su perfeccionamiento”, indicó la Corte Constitucional.
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Y agregó que aquellos que sigan en ejecución, “deberán terminarse y liquidarse inmediatamente”, sumado a que se deberán devolver los recursos girados y no ejecutados.
En plata blanca, esto quiere decir que los contratos estatales financiados con dineros de estos convenios interadministrativos “se terminarán y liquidarán a partir de esta misma fecha”.
La Corte fijó algunas excepciones, como aquellos trabajos dirigidos a atender necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.
De acuerdo con datos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), desde noviembre del año pasado se suscribieron más de 600 convenios de este tipo por $4,3 billones.
