La figura de peajes y de vigencias futuras está dentro de las conversaciones en las últimas semanas por parte del Gobierno de Gustavo Petro y los empresarios.
Han surgido varios cuestionamientos en relación con este tema. En primer lugar, se discute el ajuste de los peajes programado para el año 2024, el cual se había anunciado que tendría lugar en algún momento del primer semestre del presente año, aunque ahora parece incierto.
Es importante destacar que el equilibrio financiero de los contratos de concesión en vigor depende de que los peajes se cobren en las fechas anuales estipuladas en dichos contratos.
En 2023, el cobro de peajes fue suspendido, lo que obligó al gobierno a indemnizar a los concesionarios con una suma cercana al billón de pesos. A principios de este año, se tuvo que realizar un ajuste del orden del 13 %, correspondiente al ajuste pendiente de 2023.
Para el exsenador y economista Juan Camilo Restrepo, “dejar de cobrar peajes en este año sería un golpe a la confianza contractual de los concesionarios; acarrearía gravosas responsabilidades fiscales a cargo del Estado; y le restaría confianza al sector privado y en la banca nacional e internacional que dudará en comprometerse en futuras concesiones de infraestructura”.
Otro gran interrogante que tampoco es claro es el futuro de las vigencias futuras ya expedidas o si se continuarán expidiendo hacia el futuro.
“Si no se honran las vigencias futuras ya expedidas o si se suprimen hacia el futuro, sería otro golpe a la confianza del sector privado que lo retraerá de participar en obras de infraestructura que, sin vigencias futuras lo mismo que sin peajes, es muy improbable que sigan participando en APP de infraestructura”, dijo Restrepo.
Quitar peajes y vigencias futuras
Una opción que se plantea como alternativa para la financiación de obras públicas en lugar de los peajes y las vigencias futuras son los cobros de valorización.
Si bien la valorización puede aliviar en parte las cargas del presupuesto público, implementar un sistema amplio y ambicioso de valorizaciones en todo el país, como sugiere el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es una tarea compleja que depende de otro factor: el catastro.
Este proceso implica no solo la actualización de los catastros, lo que requerirá tiempo, sino también trámites legales y políticos para llevar a cabo un programa de valorizaciones de gran envergadura.
Recomendado: Gobierno Petro inicia obras para revivir los casi 500 km del Ferrocarril del Pacífico
¿Qué dice el Gobierno y los gremios?
Según el jefe de la cartera de Hacienda, la cifra del PIB revelada por el DANE indica que las obras públicas retrocedieron en Colombia, “como consecuencia de la baja ejecución, a pesar de que el Gobierno giró los recursos a todas las obras, se honraron todos los compromisos de vigencias futuras”.
De acuerdo con Bonilla, el presidente Gustavo Petro pidió “hacer una revisión de todas las obras, honrando todos los compromisos, buscando cómo podemos redireccionar algunos recursos para obras de interés regional y nacional y que hoy no están aseguradas”.
Puso varios ejemplos: la vía al Llano, que tiene 55 puntos críticos, todos excluidos de la concesión, entonces son responsabilidad del Gobierno, la vía Medellín-Quibdó, que está planeada para terminarse en diez años; o la de Santander de Quilichao-Rumichaca en su paso por Rosas (Cauca).
“Estas también son vías estratégicas que tenemos que declararlas así”, dijo el ministro, tras asegurar que el Gobierno está contemplando la posibilidad de redireccionar $600.000 millones hacia nuevas obras, “pero tenemos que hacerlo renegociando vigencias futuras”, agregó.
El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martin Caicedo, señaló que no existe un problema de congelamiento de recursos en las fiducias de los proyectos concesionados.
Y frente al tema de las vigencias futuras, el presidente del gremio indicó que las vigencias correspondientes al año 2024 quedaron garantizadas en el decreto de desagregación presupuestal recientemente expedido.
Para Caicedo, lo que sí genera incertidumbre es el borrador del decreto, que le daría súper poderes al presidente Gustavo Petro sobre el Presupuesto.
“Genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, dada la subjetividad y falta de rigor técnico, que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo”, escribió el presidente de la agremiación en su cuenta de X.
—
