El 13 de diciembre de 2018 se conoció la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con respecto a la acción popular que instauró la Procuraduría General de la Nación en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (CRDS), sus accionistas y algunas personas naturales.
Entre las decisiones del Tribunal, se declaró que Episol, accionista minoritario de CRDS y filial de Corficolombiana (AAA, BRC 1+), es responsable solidariamente junto con otras personas naturales y jurídicas por la supuesta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
Por esta razón, el Tribunal impuso una sanción por $800.156 millones y estableció una inhabilidad para realizar contratos con el estado por un plazo de 10 años a las personas jurídicas y personas naturales referidas.
Para la calificadora de riesgo BRC Standard and Poor´s, el mencionado fallo cobra relevancia en el análisis del perfil crediticio de Corficolombiana en la medida que Episol es una de las filiales a través de las cuales desarrolla sus operaciones de infraestructura, línea de negocio que representó 75% de los ingresos financieros de la corporación (no consolidada) a septiembre de 2018. Fundamentados en el análisis del equipo legal de Corficolombiana, la agencia dijo que obtuvo las siguientes conclusiones sobre el impacto que puede tener el fallo para los negocios de infraestructura de la corporación:
– Según el fallo, Episol es declarado responsable solidariamente.
– La inhabilidad y demás sanciones se derivan de una decisión de primera instancia que está sujeta a recursos, de forma que sólo quedará en firme una vez que el Consejo de Estado resuelva los recursos que serán interpuestos por Episol frente a la decisión.
– Las sociedades a cargo del desarrollo de los proyectos de infraestructura en los que participa Corficolombiana y sus filiales no tendrían restricciones legales para continuar ejecutando sus contratos con el Estado.
Los elementos descritos le permiten inferir a la calificadora que el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca “no genera restricciones inmediatas para que Corficolombiana y sus filiales puedan continuar desarrollando sus operaciones, tanto en la línea de infraestructura como en los demás negocios de la corporación. Esto también implica que el mencionado fallo no tendría impacto inmediato sobre los ingresos y la situación financiera de Corficolombiana”.
Las calificaciones de Corficolombiana se fundamentan, dijo, entre otros elementos, en su robusta posición de capital con indicadores de solvencia básica y total de 37,1% y 40,2%, respectivamente, a octubre de 2018.
El alto nivel de estos indicadores frente a los mínimos regulatorios implica que la corporación mantiene una muy alta capacidad para absorber pérdidas no esperadas.
Asimismo, Corficolombiana se ha caracterizado por sostener una fuerte posición de liquidez con una relación de activos líquidos a depósitos de 37% promedio entre octubre de 2017 y octubre de 2018, muy superior al 17% del sector bancario.
De acuerdo con la información remitida por Corficolombiana, luego de que se conociera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la posición de activos líquidos y demás indicadores de riesgo de liquidez se han mantenido dentro del comportamiento tradicional y no se han activado alertas internas en los sistemas de gestión riesgo, lo cual indica que no se han materializado riesgos reputacionales significativos que tengan incidencia sobre nuestra apreciación de su perfil de riesgo de liquidez.
Por otra parte, en septiembre de 2018, Corficolombiana revisó la metodología para la contabilización de las concesiones viales bajo el marco de la aplicación de las NIIF 15, la cual permite reflejar de mejor manera la realidad económica de los contratos de concesión al contemplar una causación de ingresos que reconoce los riesgos, costos y esfuerzos asociados con la etapa de construcción de dichos proyectos.
La aplicación de la NIIF 15 y la emisión de acciones por $990.591 millones, ejecutada el 3 de septiembre de 2018, generaron un impacto positivo sobre nuestra evaluación de apalancamiento y rentabilidad de Corficolombiana; aspectos que en revisiones anteriores fueron algunas de las principales debilidades que identificó BRC para su perfil crediticio individual.
El efecto positivo sobre estos factores se mantiene a pesar de que Corficolombiana publicó que su filial Episol reconoció un gasto por $111.783 millones como resultado del deterioro en el valor de su inversión en CRDS, situación que se refleja en el estado de resultados de la corporación de noviembre de 2018.
Según los cálculos de BRC, a noviembre de 2018, la rentabilidad sobre el patrimonio de Corficolombiana se ubicaría alrededor de 25%, muy superior al 13,5% promedio que registró entre 2014 y 2017.
Asimismo, el doble apalancamiento se reduciría hacia 126%, mientras que en junio del mismo año era cercano a 160%.
Adicionalmente, las calificaciones incorporan el respaldo potencial que recibe la corporación por su pertenencia al Grupo Aval (AAA), pues estimamos una alta probabilidad de que reciba inyecciones de capital en caso de requerirse.
En su opinión, los elementos descritos anteriormente implican que el perfil crediticio individual de Corficolombiana no tiene una implicación negativa inmediata por cuenta del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En adelante dijo que hará seguimiento a las decisiones que tomen los entes judiciales respecto de los recursos que interpondrá Episol, así como a las demás investigaciones y litigios que cursan por cuenta de los negocios asociados con CRDS.
Concluyó que las calificaciones de Corficolombiana podrían ser afectadas negativamente en caso de que observe una probabilidad significativa de que su rentabilidad, solvencia y liquidez de presenten una evolución negativa debido al deterioro en las operaciones de infraestructura, pero este no es su escenario base.
