La Contraloría General de la República entregó una carta al ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, advirtiendo los riesgos que tiene la decisión del presidente Gustavo Petro por la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel.
“En el marco de las competencias Constitucionales y legales de la Contraloría General de la República, la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía realizó la evaluación al proyecto de decreto y preocupa la seguridad jurídica, en especial de los compromisos asumidos internacionalmente, por ejemplo los acuerdos de libre comercio, en este caso el que Colombia tiene con Israel desde el 2020”, dice la carta.
De acuerdo con la Contraloría, es probable que -con esta medida- se esté restringiendo la autonomía empresarial y violando lo contemplado en el artículo 98 de la Ley 685 de 2001: «Disposición a la producción. El concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización.»
Si bien el Gobierno Nacional indica dentro de la parte motiva del proyecto de decreto que toma esta determinación debido a los ataques militares que Israel ha realizado en Palestina desde octubre de 2023 y también indica otros argumentos como: «…debido a la naturaleza de urgente ejecución de las medidas que se adopten para prevenir y detener los actos de genocidio en contra del pueblo palestino, y con el propósito de proteger la moral pública y los intereses esenciales de seguridad de la República de Colombia…», para el ente de control no es menos cierto que Colombia a través de sus exportaciones, en especial de carbón, genera recursos para inversión en políticas sociales.
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A pesar que el decreto menciona las causas en las cuales no aplicaría la prohibición de exportación a Israel, la Contraloría considera que el proyecto de decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera, ya que las hullas y briquetas (carbón) que se exporta a Israel es explotado por las empresas con capital extranjero, principalmente por Drummond y El Cerrejón.
Según cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), las exportaciones de carbón hacia Israel -hasta octubre de 2023- ascendieron a 2,45 millones de toneladas, correspondientes al 5,3 % del total de las exportaciones de carbón de ese mismo año, lo cual correspondió a cerca de $650 millones en regalías, impuestos y contribuciones a la Nación; y cerca de $100 millones destinados puntualmente a los departamentos de La Guajira y Cesar.
“De llegar a ser aprobado dicho decreto, la Nación podría dejar de recibir recursos similares a los anteriormente mencionados, lo cual afectaría los proyectos que están soportados bajo el Sistema General de Regalías. Por otro lado, la disminución en la explotación de carbón térmico afectaría directamente a la generación de empleo, tanto directo como indirecto de las regiones productoras”, precisó la entidad.
Sin embargo, como se sabe, la entrada en vigencia de este decreto no afectaría la economía de Israel, ya que países como Australia, Indonesia, India, entre otros, podrían suplir el vacío dejado por Colombia.
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“Adicionalmente, es inquietante el mensaje que el Gobierno Nacional está enviando al mundo, teniendo en cuenta que además de desincentivar la inversión extranjera se está dando a entender que la Nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como vendedores de materias primas, no solo dentro del sector minero”, indicó la Contraloría.
