La Fiscalía General de la Nación comunicó hoy que luego de valorar el recaudo probatorio, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia, en una administración previa.
Ante la actualización del caso por el cual Gaviria fue privado de libertad y destituido de su cargo hace casi un año, la Fiscalía impuso de nuevo medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, sustituida por detención domiciliaria contra Gaviria, quien fue capturado en Medellín.
El citado contrato fue suscrito cuando Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663 millones.
La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa.
Asimismo, indicó que hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995 millones, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.
Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz, explicó la Fiscalía.
En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los $16.000 millones, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.
Finalmente, antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a $5.000 millones fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.
Para el fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
Por ello, el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Gaviria como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El juicio se realizará a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
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