La Comisión Tercera del Senado, aprobó este miércoles, en primer debate, el Proyecto de Ley número 2 de 2017, por medio del cual se establecen reglas en materia de sociedades y se busca modernizar las normas que regulan a las empresas en asuntos tales como la responsabilidad de los administradores y la protección de los accionistas minoritarios.
La iniciativa se orienta a proteger a las minorías frente a posibles maniobras que tiendan al menoscabo de sus derechos. Para ese efecto, se le otorgan, a la Superintendencia de Sociedades, facultades jurisdiccionales, es decir esta entidad pueda actuar como juez para la defensa de los derechos de los afectados.
El Proyecto, de origen parlamentario, que cuenta con el apoyo dela la Superintendencia de Sociedades, incluye normas que promueven una modernización del sistema de registro mercantil de las compañías, para que todos los trámites y consultas puedan hacerse ante una Ventanilla Única Empresarial por medios electrónicos.
Al respecto el superintendente de Sociedades, Francisco reyes Villamizar, afirmó que este tipo de reformas está en consonancia con las tendencias internacionales y con las recomendaciones hechas por de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial.
Reyes Villamizar explicó además que al cumplirse los 10 años de la exitosa ley sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), es necesario que continúe el proceso de modernización de la legislación comercial colombiana.
Colombia ha sido pionera en América Latina en introducir un régimen moderno en materia de sociedades que ya ha sido imitado por países de la región. Además, en junio de 2017 la Organización de Estados Americanos aprobó la propuesta colombiana de sobre una ley modelo en materia de SAS.
El proyecto de ley, aprobado en la Comisión Tercera, contiene importantes disposiciones que actualizan en régimen de responsabilidad de administradores e introduce mecanismos excepcionales de protección de accionistas minoritarios. Además, incluye disposiciones sobre las funciones y facultades administrativas de la Superintendencia de Sociedades.
En la iniciativa se introduce el novedoso concepto de la “deferencia al criterio empresarial”, que consiste en que los administradores no pueden ser sancionados por la simple adopción de decisiones de negocios que resulten fallidas, siempre que hayan obrado de buena fe.
