Ricardo Bonilla tendría todo listo para ser el nuevo presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) de Colombia.
Así lo pudo establecer Valora Analitik, tras conocerse que al economista se le levantaron las inhabilidades para ejercer cargos públicos nuevamente.
En particular, Bonilla salió del listado de responsables fiscales de la Contraloría General, así como del reporte de inhabilitados por la Procuraduría.
Lo anterior se concretó a finales de septiembre pasado, con lo cual recibió luz verde para entrar el gobierno de Gustavo Petro.
De esta forma, Bonilla llegaría a presidir Findeter, en reemplazo de Sandra Gómez, quien estuvo en el cargo hasta el 31 de agosto pasado.
El asesor económico de Petro es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia, pero se graduó de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1975.
Tiene una especialización en estudios a profundidad en economía industrial y cambio mundial de la Universidad de Rennes (Francia).
Ha sido profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esa institución pública colombiana.
Junto con Jorge Iván González (quien hoy es director del Departamento Nacional de Planeación) estructuró la parte económica del programa de gobierno del presidente Petro.
Le puede interesar: Estos serían los nuevos presidentes del Fondo Nacional del Ahorro y Positiva Seguros
Cuando el jefe de Estado fungió como alcalde de Bogotá, Bonilla fue secretario de Hacienda entre 2012 y 2015. Posteriormente, hizo parte de una misión de expertos en temas tributarios del gobierno de Juan Manuel Santos.
Ahora, llegará a presidir Findeter, una entidad clave para la financiación de proyectos en las regiones en materia de planificación territorial, estructuración de iniciativas y entrega de líneas de crédito, entre otras.
En los últimos cuatro años, Findeter puso a disposición del mercado $14,6 billones, a través de 29 líneas de crédito directo y de redescuento.
Con estos recursos, la entidad ha financiado 2.184 proyectos por $11 billones en sectores como desarrollo urbano, transporte, energía, salud, educación, agua y saneamiento básico, entre otros.