Las peticiones de los gremios energéticos de Colombia al Gobierno por alza de tarifas

Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Las agremiaciones de los sectores de electricidad en Colombia Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis han manifestado sus preocupaciones frente a la actual situación que enfrenta el país por el alza de tasas de energía eléctrica. Lea más de energía.

Aseguraron que las condiciones macroeconómicas internas y externas están presionando al alza de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios del país, incluso, dentro de estos la tarifa de energía eléctrica, lo que afecta, en consecuencia, la canasta familiar y finanzas de los usuarios.

Es por ello que, en desarrollo de sus objetivos gremiales y en representación de las empresas asociadas, las entidades reiteraron el compromiso, anunciado en las reuniones que han tenido con el Gobierno de Colombia, para poder coadyuvar a la solución de esta coyuntura inflacionaria, al menos en lo que tiene que ver con la tarifa del servicio de electricidad.

En tal sentido, los gremios mencionaron los principales hechos que anteceden o generan la coyuntura actual de precios y, asimismo, plantearon una serie de acciones y alternativas de solución, que consideran son el punto de partida para superar el alza de precios en las facturas de energía eléctrica.

¿Qué antecede el alza de precios de energía en Colombia?

Desde 2020, inicio de la pandemia en Colombia, los prestadores del servicio de electricidad han venido implementando medidas para asegurar su continuidad y mitigar los impactos que dificultan el pago por parte de los usuarios, de acuerdo con los gremios.

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“En particular, en la mayoría de los casos, los comercializadores (actividad  que corresponde al último eslabón de la cadena de prestación, representado por las empresas que atienden directamente a los usuarios) han venido aplicando, de manera voluntaria (salvo en algunos meses de la pandemia en la cual fue obligatoria para todos los comercializadores), un mecanismo denominado regulatoriamente como “opción tarifaria”, que consiste en aplazar en el tiempo, a través de una senda, la aplicación de incrementos significativos que se presenten en las tarifas como resultado del cálculo de las fórmulas tarifarias”, manifestaron.

Con este mecanismo se busca proteger al usuario de aumentos bruscos del precio final. Como consecuencia de la aplicación de esta estrategia, los agentes aún tienen saldos pendientes por cobrar a los usuarios que suman alrededor de $4 billones.

“No obstante, esta medida no ha sido suficiente para mitigar la totalidad de los impactos que se han producido para los usuarios, dado que el mundo está enfrentando una coyuntura inflacionaria sin precedentes en la historia reciente como resultado de múltiples variables que afectan el costo de producir bienes y prestar servicios, la cual ha impactado la mayor parte de los indicadores económicos y con ello gran cantidad de bienes y servicios, incluyendo las tarifas del servicio de energía”, recordó la asociación de gremios.

En Colombia, entre las diversas variables que influyen en el costo del servicio, se encuentra, entre otros, la aplicación de la nueva metodología de remuneración de distribución, las restricciones y el Índice de Precios al Productor (IPP), que históricamente se ha usado como indexador de los precios de la mayoría de los componentes que hacen parte de la tarifa del servicio.

Para dimensionar la magnitud de lo que ocurre en la actualidad, los gremios mencionaron que el indicador IPP de oferta interna ha tenido un incremento acumulado este año de cerca de 21,8 %, cuando la variación para los mismos meses entre 2018 y 2019 fue de solo 4,7 %.

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Esta situación se explica por el comportamiento económico mundial debido al incremento en la demanda y precios en los insumos y servicios de la cadena logística, que en el mediano plazo debería tender a una estabilización, con lo cual sería una situación coyuntural.

“Adicionalmente, a este incremento del IPP, cabe mencionar que algunas zonas del país, por condiciones específicas asociadas a la manera en que se presta el servicio en ellas, han sufrido con mayor rigor la coyuntura inflacionaria que aquí hemos descrito”, recordaron.

Lo que plantean los energéticos

Considerando los antecedentes mencionados, desde los gremios han venido adelantando sesiones, en los últimos dos meses, con agentes de todo el sector: prestadores de toda la cadena del servicio público de energía eléctrica (empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización).

Esto para analizar alternativas de solución que aporten en la discusión y construcción de medidas que solucionen la coyuntura ocasionada por la inflación, que no es gestionable por dichos agentes.

Las agremiaciones de los sectores de electricidad en Colombia Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis consideran que debe establecerse una mesa de diálogo y construcción conjunta con el propósito de definir e implementar muy pronto las medidas más adecuadas para atender la situación de incrementos significativos en las tarifas de energía para todos los usuarios del país.

Lo anterior, logrando garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. El objetivo de estas iniciativas ha estado enfocado en a definir medidas transitorias que mitiguen el impacto de aumentos tarifarios significativos para los usuarios finales, pero sin poner en riesgo el reconocimiento de costos de la prestación del servicio público de energía y con ello el servicio:

1.  Medidas de corto plazo

En esta sección se presentaron dos medidas temporales que se complementan entre sí, éstas requieren un acto administrativo por parte del Gobierno Nacional para su implementación en el corto plazo:

     La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio, de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a generación (G) y de cargos de transmisión (T).

En este caso, los agentes de generación y transmisión financiarían una proporción de estos componentes,  y se  propone que sea del 10 % del monto del componente de compras que obedece a contratos  (no incluye compras en la bolsa de energía) y al 10 % del cargo de transmisión durante  como mínimo un año.

Así las cosas, el monto financiado sería recuperado en los siguientes dos años vía tarifa con las mismas condiciones de tasa de interés definidas en la regulación de la actual opción tarifaria.

Congreso Andesco. Foto: Cortesía.

“Para que el usuario perciba esta financiación, será pertinente que la CREG revise y ajuste la regulación vigente de la opción tarifaria, considerando la flexibilidad del comercializador de definir el porcentaje  de incremento mensual de la senda, con el fin de que no vaya a opacar el efecto de las medidas aquí planteadas y los usuarios finales perciban el beneficio del esfuerzo realizado”, indicaron los gremios del sector.

     A lo anterior se sumaría, la propuesta de limitar el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, lo cual, de entrada, delimitaría la proporción del incremento de este componente de la tarifa, buscando no afectar la libre competencia  existente en este mercado.

Lo anterior, debe estar basado en las negociaciones que de este indicador se realicen entre las partes contratantes, y se aplicaría de manera transitoria durante un periodo de un año.

Para ello, se propone que el acotamiento se defina como el mínimo valor entre el IPP de oferta interna real y el IPC real, aclarando que no se considerarían los valores negativos de estos.

Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis aseguraron que se debe definir en el corto plazo, de manera simultánea a lo anterior, un mecanismo que permita la recuperación de los saldos pendientes por cobrar de los comercializadores, definiendo un periodo de tiempo máximo para ello, y proporcionando facilidades de financiación, acorde con el costo de oportunidad del mercado.

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“Como complemento, sugerimos adelantar pagos de los subsidios aplicados por las empresas a los usuarios más vulnerables, para poder aliviar los impactos que ha tenido la aplicación de la opción tarifaria en el flujo de caja de las empresas. Esta medida ya ha sido tomada antes, por lo que, salvo voluntad política y disponibilidad de recursos, no requiere de modificación normativa alguna”, precisaron los gremios energéticos.

2.  Medidas de mediano plazo

 Las medidas de corto plazo se implementan con resultados que se espera se vean reflejados de manera más inmediata en las facturas de los usuarios.

Es importante avanzar en las siguientes discusiones que requieren mayor profundidad y tiempo antes de llegar a la implementación de algún cambio en el modelo normativo actual”, manifestaron.

Para Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis debe haber revisión y análisis de impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento, y en el caso de que tal sea la conclusión, cuáles serían los indexadores más adecuados de reemplazo para reflejar el incremento de valor de los costos de la prestación del servicio en el tiempo, considerando el próximo periodo tarifario de alguna de las actividades.

Además, se propone una revisión integral de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios, tales como los de pérdidas y restricciones, considerando las particularidades de cada región y los periodos regulatorios respectivos.

Por otro lado, se sugiere revisar con mayor profundidad la propuesta que ha surgido en diferentes escenarios sobre estructurar un fondo de estabilización que permita mitigar impactos de incrementos tarifarios a los usuarios a futuro, definiendo con claridad el alcance, mecanismo de aplicación y de financiación.

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