La Fundación ProBono, en sus últimos 11 años, ha manejado 3.937 casos que han sido la solución a necesidades jurídicas de muchos colombianos.
La falta de recursos económicos, la ubicación geográfica, las consecuencias de un conflicto armado y la ignorancia de los derechos son los obstáculos que más se destacan y merecen atención en el país.
Los abogados tienen es sus manos la posibilidad de cambiar estas realidades, pues sus conocimientos pueden significar la solución para aquellos que no tienen la capacidad de pagar por sus servicios. Es esta la razón de ser de la Fundación ProBono Colombia; involucrar a la comunidad legal colombiana en la prestación de servicios jurídicos sin costo (pro bono) que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
En palabras de Ana María Arboleda, directora de Fundación ProBono Colombia, el primer elemento innovador del trabajo bajo modalidad pro bono es la posibilidad de acceder a una asesoría jurídica gratuita, a través de un sistema web de recepción de casos. La facilidad que ofrece el internet permite que las personas, que no tienen la posibilidad de desplazarse, soliciten la ayuda de un profesional de alta calidad a través de medios digitales. Este sistema también permite a los abogados hacer un registro de los avances del caso y de las horas invertidas; información que puede ser verificada por la fundación para hacerle seguimiento a la calidad de la gestión. Vea más información en Empresas.
En segundo lugar, esta fundación ha buscado disminuir las barreras que impiden a las personas acceder a servicios de asesoría jurídica, como lo es la territorialidad. Para ello, a pesar de que la oferta de servicios se concentra en Bogotá y Medellín, se han tomado estrategias para que los servicios puedan descentralizarse y llegar a otros territorios.
El trabajo pro bono reúne a dos sectores que usualmente no tienen espacios para trabajar en conjunto: los abogados del sector privado y la población vulnerable. Esta sinergia permite a los abogados del sector privado tener un acercamiento con realidades diferentes a las que usualmente atienden, pudiendo aportar desde su profesión a la construcción de un país en el que el acceso a la justicia sea una realidad para todos.
Al momento de su constitución, en 2009, la Fundación tenía a 15 firmas de abogados afiliadas y dispuestas a prestar sus servicios de manera gratuita, y se asesoraron 21 casos pro bono. Tras 11 años de ejercicio de trabajo, actualmente cuenta con casi 50 firmas de abogados y grupos legales empresariales vinculados y signatarios de la Declaración Pro Bono para las Américas, conformando una red de más de 1.700 abogados dispuestos a trabajar de manera voluntaria y gratuita en favor de las personas y comunidades sin recursos económicos. En esta red hay abogados especializados en todas las ramas del derecho.
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“Durante la implementación de esta práctica ha sido fundamental realizar alianzas con la academia, de manera que los abogados, desde su formación como profesionales, tengan un acercamiento a la responsabilidad social y a los espacios que ofrece el trabajo pro bono para trabajar por el acceso a la justicia”.
Desde octubre de 2009, que la Fundación atendió su primer proceso, hasta el 31 de diciembre de 2020 ha podido llevar, a través de los abogados afiliados, un total de 3.937 casos de necesidades jurídicas insatisfechas, que han logrado encontrar un camino hacia el acceso a la justicia.
Las personas de escasos recursos económicos, que necesiten un abogado y quieran contactar a la fundación ProBono Colombia pueden encontrar toda la información en la página web: https://probono.org.co/solicita-un-abogado/.
Allí deben diligencias un formulario y en cinco días hábiles uno de los abogados de la Fundación los llamará para entender en qué consiste el caso y revisar si cumplen con el perfil de cliente pro bono.
Por otro lado, los abogados o empresas del área jurídicas, que desean hacer parte de la fundación, pueden encontrar la información en: https://probono.org.co/actores-probono/profesionales-del-derecho/
El trabajo pro bono se desarrolla en las siguientes líneas de acción:
- Asesoría y representación jurídica a personas naturales de escasos recursos económicos en todas las ramas del derecho.
- Asesoría institucional a entidades sin ánimo de lucro, microempresarios y emprendimientos sociales, en las necesidades de carácter organizacional que tengan.
- Educación jurídica gratuita: talleres sobre temas jurídicos de impacto social, en beneficio de una población vulnerable. Son dictados por abogados voluntarios de manera gratuita y están orientados a empoderar a las personas en sus derechos y en las rutas legales para hacerlos válidos.
- Brigadas de atención: los abogados voluntarios se desplazan hasta la zona de asentamiento de la comunidad y orientan a las personas en la identificación de la ruta legal que requieren adoptar para satisfacer su necesidad jurídica.
- Litigio estratégico: acciones judiciales ante altas cortes nacionales e internacionales, en materias relevantes para el interés público y los derechos humanos.
- Investigaciones de alto impacto: en esta línea se trabajan proyectos de ley, reglamentaciones de normas, y las investigaciones que buscan establecer el marco normativo y jurisprudencial de la materia específica con el propósito de tener incidencia en materia de políticas públicas.
