La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) dio a conocer un nuevo informe en el que analiza los escenarios de política energética del país en el marco de la coyuntura de la campaña presidencial. El informe contempla un análisis conservador, dijo el presidente de la Asociación, Francisco José Lloreda.
Son entonces dos escenarios principales: uno tiene en cuenta el sostenimiento de la producción y otro que tiene de presente un escenario en el que hay un debilitamiento de la producción de petróleo y gas en el país.
El documento de la ACP tiene en cuenta que el mundo está en un escenario de altos precios para algunos de los commodities más importantes, entre los que se cuenta al petróleo como consecuencia de la guerra que, desde febrero, tiene lugar en Ucrania.
Sumado al hecho de que el grueso de las economías se mantiene en una realidad energética que cada vez está más consciente de llevar a cabo una operación y producción sostenible.
Los escenarios de la ACP:
Entonces, en el escenario de sostenibilidad, en el que exista una política que permita desarrollar el sector de petróleo y de gas, se avance en nuevos contratos de exploración y producción, exportaciones de excedentes de petróleo y posiblemente de gas, así como definir el desarrollo comercial del fracking, a ojos de la ACP, generará:
- Sostenimiento de la producción actual de petróleo y gas y, de esta manera, abastecer con producción nacional al transporte, a la industria local y a los hogares.
- Generar inversión en desarrollo de recursos descubiertos, lo que se refleja en dinamismo económico.
- Así mismo, permitiría la exploración similar en los últimos años y la ejecución de proyectos piloto de fracking ya suscritos.
- De igual manera, una consecuencia tendría en cuenta la contribución robusta al equilibro fiscal del país, el respaldo de la diversificación energética y el avance en las metas de descarbonización.
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Ahora, en el escenario en el que se dicten políticas que debiliten la producción nacional, con la no adjudicación de nuevas áreas para exploración y producción, así como un ambiente adverso para inversiones y mayores cargas tributarias, explica la ACP, generaría:
- Desplome en la producción de petróleo que implique menos exportaciones e importaciones.
- Ausencia de nuevas inversiones y la pérdida de oportunidades para desarrollar las reservas.
- Una exploración limitada a obligaciones contractuales ya adquiridas.
- Un fuerte riesgo de desequilibrio fiscal, sobre todo cuando los recursos del segmento van para zonas productoras y no productoras.
Consecuencias en datos:
De esta manera, la proyección de producción de barriles experimentaría una caída, en miles de barriles por día, cercana a los 100.000 a 2032, lo que sería lo básico para atender la demanda interna. Mientras que, en el escenario en el que se mantenga la producción, esta seguiría cercana a los 400.000 barriles.
Es decir que el desplome del petróleo llegaría a ser del 47 % y en gas del 27 %, en cinco años, lo que levaría a la importación de gas desde 2026 y de petróleo en 2028, generando una pérdida de seguridad energética y la reducción de US$$68.000 millones en divisas para Colombia entre 2022 y 2026.
Una política que busque sostener la exploración de petróleo y gas generaría iniciativas por $84 billones para los próximos cuatro años, pero una política que incentive el debilitamiento reduciría las inversiones en cerca de $21 billones entre 2022 y 2026.
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Una política de sostenimiento generaría ingresos fiscales, para el próximo Gobierno, por $105 billones y la conservación de, al menos, 95.000 empleos en Colombia. En el escenario de debilitamiento, en cambio, se lee en el informe de la ACP, dejaría ingresos fiscales cercanos a los $92 billones y pondría en riesgo esos 95.000 empleos de la industria.
Para la ACP habría una reducción cercana a los $13 billones en ingresos a la nación y otros $5 billones por regalías a las regiones: es decir, la pérdida en aportes fiscales sería del orden de los $18 billones en el próximo cuatrenio, en un contexto en el que se impulse el desincentivo de la producción.
Finalmente, los cálculos de la ACP dejan ver que la brecha de ingresos sería de $77 billones en la próxima década, lo que vendría acompañado de un empobrecimiento de todas las regiones del país, mayores presiones inflacionarias y mayor desempleo.
“Una política de debilitamiento significa destruir una industria consolidada por más de 100 años. Los más perjudicados con ese escenario son los sectores más pobres y los estratos medios en Colombia”, concluyó Lloreda.
