Valora Analitik habló con Camilo Gallego, investigador del Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts Amherst y quien ha trabajado en entidades como el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sobre la actualidad del sector eléctrico en Colombia, sus necesidades y algunas fallas de mercado que lo han afectado recientemente.
Gallego explica que el sector en Colombia debe prepararse para los retos inmediatos que demanda problemas globales como la contaminación atmosférica, la cual desemboca en una de las fallas de mercado más importantes a las que se puede enfrentar esta área.
“Las emisiones contaminantes son malas y perjudiciales para todos. A pesar que Colombia tiene números que son minúsculos en comparación con emisiones de este tipo en el mundo, pues representan menos del 1% del total global y per cápita también están en un rango inferior al promedio, el país debe actuar desde ya para una transición sostenible”, afirma el experto.
Además, advierte que al final de la década podrán verse pérdidas económicas, producto de esta falla, lo cual es una externalidad negativa relevante, que impacta en la disminución del poder adquisitivo de la sociedad y, por ello, los artículos técnicos sobre el tema Colombia son sensibles, pues a pesar de generar menores emisiones contaminantes que otros países, aún persisten problemas para el sector eléctrico que limitarían una transición realmente exitosa, aunque hay oportunidades para aprovechar.
“Hay que tomar medidas para mitigar esa falla de mercado en el país, pues a pesar que el Gobierno ha desarrollado muchas acciones como ayudas arancelarias para la importación de equipos o el impulso a las subastas de energía firme, uno de los principales problemas son los precios de los contratos de largo plazo que se firmen entre los productores de energía limpia y los que les llegan a los usuarios finales», expresa.
Esto pues, de acuerdo con el experto y datos referenciados por la Cámara de Grandes Consumidores de la Andi, los contratos a 15 años tendrían un precio constante de $170/kWh incluido el cargo por confiabilidad y otros costos variables. Esto es, por sólo concepto de energía, pues los precios de contratos de largo plazo vigentes a partir de 2022 a no regulados están en $75/kWh (o US$23/MWh).
En tanto, la Agencia Internacional de Energía (IEA), por su parte, indica que para Latinoamérica los precios de contratos en las subastas de energía solar y eólica para el 2022 son de alrededor US$35/MWh y US$20/MWh, respectivamente, mientras que en EE. UU. oscilan de US$10/MWh a US$20/MWh.
Estos precios dan un rango sobre lo que está pasando en el mundo y “si estos valores llegaran a ser más altos que esos, todos los sobrecostos se trasladarían a la industria y los consumidores. Si se reduce la capacidad adquisitiva de las personas estaría en detrimento el crecimiento económico, pues la energía es un elemento en los gastos de los hogares y la industria”, señala Gallego.
De esta manera, definir precios competitivos para la próxima subasta que realizará el Ministerio de Minas y Energía el próximo 22 de octubre es de suma importancia en el objetivo de esa transición energética pues “una vez se firmen los contratos, no es viable reevaluarlos pues causaría muchas dudas para los posibles inversionistas”, enfatiza.
A su vez, Gallego agregó que los países que más avanzan económicamente como los asiáticos (China, India e Indonesia), desde el año 2000 a 2016, han venido aumentando su participación en consumo eléctrico en el total del consumo de energía de una manera impresionante, “doblándola o triplicándola. Colombia debe empezar a sustituir fuentes contaminantes, pero con contratos competitivos a 10 o 15 años, de lo contrario, se restringiría a toda una industria creciente hacia una dinámica que ata a muchos más sectores productivos”, concluyó.
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