Por la necesidad de darle un respiro a la economía de sus naciones, los gobiernos de economías desarrolladas, emergentes y pobres se vieron en la obligación de tomar decisiones para mitigar el golpe del Covid-19 en las cuentas estatales y el bolsillo de los ciudadanos.
Un nuevo informe de Vitor Gaspara, director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI); y Gita Gopinath, directora del Departamento de Investigación del FMI, encontró que las medidas fiscales ya suman US$11 billones.
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Dato que, según el documento, seguramente aumentará en el segundo semestre de 2020 por cuenta de la expansión del virus, los rebrotes y el choque de medidas de reaperturas más lentas por la incapacidad de control de la pandemia.
Lo anterior lleva a datos todavía más preocupantes, según el FMI. Por ejemplo, la deuda pública mundial ya supera el 100 % del Producto Interno Bruto (PIB), por encima de los datos de la Segunda Guerra Mundial.
La recomendación entonces del FMI es que “la política fiscal deberá mantenerse solidaria y flexible hasta que se asegure una salida segura y duradera de la crisis”.
El organismo multilateral pone una tarea adicional a los gobiernos nacionales: será necesario distinguir las empresas líquidas, pero solventes para saber cómo focalizar las ayudas y sostener la mayor cantidad de empleos posibles. Es decir, hay que hacer más eficiente las ayudas.
Por lo anterior, las perspectivas dictan que los déficits fiscales aumenten cinco veces en las economías avanzadas “y más del doble en las economías de mercados emergentes, lo que lleva a un salto sin precedentes en la deuda pública, de 26 y 7 puntos porcentuales del PIB, respectivamente”, aclara el FMI.
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El organismo multilateral llama a la calma, pues en 2021 la deuda pública se estabilizará, siempre y cuando exista un control más eficiente de la pandemia y las variables macroeconómicas, como el precio del petróleo, experimenten una recuperación sostenida.
¿Y qué ocurrirá para cuando la pandemia sea historia? Que los gobiernos deberán pensar en políticas fiscales que sean estructurales y ataquen cinco problemas esenciales: pobreza, desigualdad, ausencia de fondos para crisis futuras, sistemas de salud más fuertes y políticas medioambientales.
“La política fiscal también debe abordar la desigualdad a través del gasto destinado al acceso universal a la salud y la educación y a los sistemas tributarios progresivos”, concluye el informe.
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