Un total de cinco hallazgos fiscales por un valor de $41.384 millones encontró la Contraloría General de la República en una actuación especial de fiscalización que realizó en el primer semestre de 2020, a proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en La Guajira.
El hallazgo de mayor cuantía se da por un valor de $12.328 millones y está relacionado con un incumplimiento contractual por parte de la Universidad de La Guajira en la ejecución de un contrato en la modalidad de convocatoria, para estudios de maestría dentro y fuera del país para profesionales en este departamento.
Entre otros aspectos, no se evidencia que exista una efectiva retroalimentación de los profesionales beneficiarios de este programa al departamento, según la Contraloría.
La segunda observación tiene que ver con el proyecto de construcción y puesta en marcha del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones Riohacha, por un valor total de $12.102 millones.
Aquí, la Contraloría encontró que, siete años después de haber iniciado el contrato de construcción del acueducto y un año y siete meses después de la entrega y recibo final, la infraestructura se encuentra abandonada e inoperante, y no se ha cumplido el objetivo de garantizar una fuente de agua potable constante y de calidad, ni dar una cobertura real en la prestación del servicio de alcantarillado a la población del corregimiento de Camarones.
La auditoría determinó una serie de fallas en la planeación, formulación, viabilización y aprobación del proyecto. Para empezar, se desconocieron las características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, referidas a la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto de las que habla el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012.
En este caso, se presenta una observación con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal de $11.837 millones, equivalentes a la totalidad de los $12.097 millones pagados al contratista y los $1.140 millones pagados al interventor.
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La tercera de las observaciones realizadas por el ente de control tiene que ver con el proyecto para la Construcción de la Terminal de Transporte de categoría IV en el municipio de Uribía, por un valor total de $7.944 millones.
Como resultado del análisis realizado por los auditores, se presentó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $7.564 millones. Lo anterior, producto del uso ineficiente e ineficaz de los recursos del SGR en la construcción de una infraestructura que no cuenta con la aprobación y habilitación necesaria para entrar en operación.
Lo anterior ha ocasionado que, después de más de cinco años y dos meses de haber suscrito el acta final de ejecución de obra, esta no funcione, no preste el servicio para el cual fue contratado el proyecto y no aporte a la comunidad los beneficios técnicos, económicos y sociales esperados
Entre tanto, la Contraloría de Colombia reveló que se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.697 millones, por deficiencias en el desarrollo del proyecto de asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera colombo venezolana, Serranía del Perijá (La Guajira), y cuya ejecución estaba a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.
El contrato no se ha ejecutado a cabalidad por parte de la Federación, pues, cinco años después de su inicio, no se han adelantado todas las actividades que este preveía y, por ende, no existe un claro beneficio para la comunidad.
Según el organismo de control, las suspensiones del contrato han tenido como causa la falta de planeación financiera, pues es claro que desde el inicio no se presupuestaron los recursos suficientes para garantizar la contratación y el pago efectivo de la interventoría del contrato.
El último hallazgo tiene que ver con la construcción de las obras de protección contra inundación de la estación de bombeo de la urbanización Lomas de Trupillo, en el distrito de Riohacha.
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Esta urbanización forma parte del proyecto de 1.000 viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional y desarrollado mediante acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira, con el fin de beneficiar a 300 familias. A través de este contrato, se pretendía disminuir el nivel de inundaciones en el sector de la estación elevadora del barrio Lomas del Trupillo y barrios que conforman la comuna diez del distrito de Riohacha.
La ejecución del contrato se ha visto afectada por siete suspensiones desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019, presentando un retraso de ejecución, liquidación y entrega de la obra de más de 26 meses. Por esta razón, el ente de control determinó que había lugar para una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.253 millones.
La Contraloría General de la República llevó a cabo en el primer semestre de este año una Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de la Guajira.
La muestra de los proyectos auditados se compuso de 16 proyectos con un valor total de $132.427 millones, que fueron ejecutados por la Gobernación de la Guajira, la Universidad de la Guajira, y los municipios de Riohacha, Barrancas, Albania, Hatonuevo y Uribía.
Como resultado del ejercicio de auditoría, Contraloría presentó en su informe final cinco hallazgos por un valor total de $41.384 millones, de los cuales tres tienen posible incidencia penal, por un valor total de $31.730 millones.
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