La consolidación de sistemas de jubilación estables es uno de los primeros indicadores de la solidez económica de un país, razón por la que, recientemente, se ha intensificado en Colombia y América Latina en general el debate sobre las reformas pensionales en pro de brindar mayor cobertura y más recursos de los que en la actualidad se disponen. Ver más noticias macroeconómicas
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo poco más del 52 % de los trabajadores cotiza a los sistemas pensionales en América Latina, una situación que es centro de discusión en la mayoría de los proyectos y primeros debates de reforma que se adelantan hacia el mediano plazo en la región, en conjunto con alternativas para la sostenibilidad financiera y el impacto que tiene el aumento en la expectativa de vida de la población latinoamericana.
Sin embargo, el impacto de la pandemia de Covid-19 retrasó los primeros proyectos que se empezaban a discutir en las principales economías de la región entre 2019 y 2020. Ante ello, la actual situación para los sistemas pensionales se ha tornado complicada pues las reformas pendientes en varios países se han postergado o tenido cambios ante la actual coyuntura.
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Panorama latinoamericano
La cobertura pensional en la región es baja, destacando negativamente países como Honduras, Guatemala, República Dominicana, El Salvador o Nicaragua, mientras que entre las economías más grandes el peor situado es Colombia donde solo una tercera parte tiene empleo formal, es decir, solo tres de cada 10 ocupados cotizan al régimen pensional en el país.
Para cambiar esta situación con modificaciones a la ley, el único adelantado previo a la pandemia fue Brasil, donde el Senado aprobó en 2019 una reforma al sistema de pensiones propuesta por Jair Bolsonaro. Esta le ahorra al Estado cerca de 870.000 millones de reales (US$168.000 millones) para esta década a través de medidas que imponen una edad mínima de jubilación (para las mujeres 62 años y para los hombres 65). Brasil era uno de los pocos países del mundo que no tenía una edad mínima para pensionarse.
Colombia, por ejemplo, en el marco de la emergencia económica decretada en 2020, dio vía libre para que los trabajadores pudieran retirar parte de sus cesantías cuando argumentaran disminución de ingresos, además de la terminación de contrato (opción que ya estaba vigente). Con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, a partir del próximo 7 de agosto, se espera que se materialicen notables cambios en el sistema pues este ha sido crítico del funcionamiento de los fondos privados en el país.
Perú y Chile, por su lado, aprobaron retiros parciales de los ahorros pensionales con la idea de que los trabajadores afectados por la pandemia pudieran acceder a recursos en medio de la crisis. No obstante, en los dos países estas acciones se han inducido como una de las causas de las inflaciones récord que se baten mes a mes en 2022.
En tanto, el Gobierno de México, bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó inclusive una reforma al sistema pensional en plena crisis sanitaria por la pandemia con varios cambios sustanciales. En esta resalta que los recursos administrados por los fondos pensionales en México, conocidos como Afores, aumentarían del 18 % del Producto Interno Bruto (PIB), al 46 % del PIB de cara a 2030.
¿Qué puede venir en la región?
De acuerdo con un informe sobre el estado de las pensiones en América Latina de BBVA, los fondos han aumentado considerablemente los recursos disponibles a medida que van madurando los distintos sistemas en la región y que se proyecta puedan crecer aún más con posibles reformas en diferentes países.
Lo que sí es un hecho es que, en toda la región, es necesario aumentar la cobertura, pues los subsidios deben asignarse a las personas que los necesitan para poder lograr un sistema fiscalmente sostenible, incluyendo al sector informal.
Chile ya acumula activos que alcanzan el equivalente al 60 % del PIB y podría llegar a superar el 90 % en 2050, de acuerdo con datos de BBVA.
Por su parte, Colombia, Argentina, Perú y México, con sistemas de pensiones privados más recientes que el chileno (el cual fue pionero en la región en 1980) han alcanzado un volumen de recursos que supera notablemente el 10 % del PIB y podrían llegar al 40 % en 2050 (para México y Colombia) y cerca del 60 % para el caso de Perú y Argentina.
“Así mismo, estos países podrían aumentar su PIB per cápita entre el 1 % y el 4 % en 2050 si los fondos pensionales invirtieran un porcentaje superior en las carteras en infraestructura”, explicó Martín Arrázola, investigador en sistemas pensionales de la Universidad de Chile.
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No obstante, para Arrázola, materializar estas cifras solo será posible si hay éxito y coherencia en las próximas reformas pensionales, pues “las tasas de informalidad en América Latina llegan a 53 % y en zonas rurales superan el 60 % con facilidad. Es importante que los trabajadores tomen conciencia de la relevancia y el papel que juegan estas entidades en la economía nacional de cada país y que extrapola los límites del ahorro previsional. Del éxito de sus inversiones depende ello, pero también el crecimiento económico con sus inversiones en áreas como infraestructura”.
Ante este panorama regional, la conclusión es que las reformas, que tienen que ver con cambios a los modos y estructuras de los sistemas pensionales, deberían incluir el actual panorama económico de alta inflación, como también un entorno de altas tasas de interés y empleo aún en recuperación tras la pandemia al que se enfrentan los países.
Además, pesan los riesgos de una posible recesión en EE. UU., Europa e inclusive China.
En este sentido, también son necesarias reformas laborales pues más allá del envejecimiento de la población, es clave fortalecer políticas públicas sobre los procesos de reemplazo de la mano de obra en toda América Latina.
