Un nuevo decreto prepara el Ministerio de Justicia, el cual plantea modificar las reglas de reparto de las acciones de tutela dirigidas contra el presidente de la República, cuando estas estén relacionadas con actuaciones u omisiones realizadas en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
La propuesta contempla que este tipo de procesos sean asignados inicialmente al Consejo de Estado, retomando un esquema de reparto que ya había sido establecido durante el Gobierno anterior y que posteriormente fue modificado.
De esta manera, las tutelas relacionadas directamente con actuaciones presidenciales dejarían de ser distribuidas inicialmente entre los jueces de circuito y pasarían a conocimiento del máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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El proyecto establece una modificación al Decreto 1069 de 2015, norma que regula diferentes aspectos relacionados con la administración de justicia y el reparto de determinadas actuaciones judiciales.
¿Cómo aplicarían estos cambios?
Sin embargo, el Ministerio de Justicia aclaró que el cambio propuesto corresponde únicamente a una regla administrativa de reparto. Es decir, la modificación no busca establecer un fuero presidencial, crear una competencia judicial exclusiva ni diseñar un procedimiento especial para las tutelas presentadas contra el presidente.
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El proyecto también precisa las consecuencias que tendría un eventual incumplimiento de esta regla de reparto. Según la propuesta, esa circunstancia no sería suficiente para que un juez rechace una acción de tutela, declare la nulidad de las actuaciones adelantadas dentro del proceso o promueva un conflicto de competencia.
La cartera de Justicia explicó que la iniciativa parte de la condición constitucional del presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. En esa medida, las decisiones y actuaciones adoptadas desde la Presidencia pueden generar efectos en distintas regiones del territorio nacional y, dependiendo de su naturaleza, incluso tener repercusiones en el ámbito internacional.
Bajo esta consideración, el Gobierno plantea que exista una regla de reparto específica para las acciones de tutela relacionadas con el ejercicio de las funciones presidenciales, de manera que su conocimiento inicial corresponda a un órgano judicial de alcance nacional.
