El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, le dijo a la Comisión Quinta del Senado que está de acuerdo con las tarifas diferenciales de servicios de energía solo para la costa Atlántica y de manera temporal y pidió llegar a un acuerdo sobre el plazo.
“¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que en el caso de las tarifas de servicios públicos de energía en la costa Atlántica se justifica. Yo sí creo que se justifica, pero pongámonos de acuerdo por cuánto tiempo, o si esto va a ser así hasta el final de los tiempos… No, la costa Atlántica necesita energía solar y necesita energía eólica”.
Sin embargo, rechazó que se implemente como una medida general, cuestionando a quién beneficia y quién paga por ella. “Soy enemigo de los subsidios generales, no veo por qué hay que subsidiar a los ricos”, dijo.
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De hecho, representantes a la Cámara de la región Caribe han reclamado una tarifa diferencial que responda a las particularidades climáticas de sus departamentos.
Congresistas como Juan David Rangel (Córdoba) y Mello Castro (Cesar) han cuestionado las medidas de ahorro e incentivos/castigos reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como la Resolución 101 120 de 2026).
También señalaron que el elevado consumo de energía en la Costa no se debe a un uso irresponsable, sino a las altas temperaturas y la humedad que obligan al uso continuo de ventiladores y aire acondicionado, por lo que consideran injusto penalizar a los usuarios.
El representante Rangel planteó crear una tarifa diferencial para los departamentos productores de energía como Córdoba, mencionando el caso de la hidroeléctrica Urrá, donde el Ministerio de Hacienda cuenta con participación mayoritaria.
Por su parte, el representante Mello Castro solicitó un espacio de diálogo con el Ministerio de Minas y Energía para ajustar la regulación a la realidad económica y social del Caribe.
Vale la pena recordar que en el gobierno pasado, el Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución para implementar tarifas diferenciales transitorias en el servicio de energía eléctrica, orientado a proteger a las familias de los estratos 1 y 2, con especial énfasis en zonas rurales y áreas de difícil gestión.
Según explicó el entonces ministro Edwin Palma, la iniciativa busca corregir desigualdades históricas en un sistema que durante 30 años ha tratado de igual forma a los usuarios de estrato 1 y estrato 6, permitiendo que las comercializadoras adapten sus cobros para que quienes tengan menores ingresos paguen proporcionalmente menos.
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