La Ley de Rescate Económico y Fiscal propone eliminar beneficios tributarios que permiten a magistrados, jueces, fiscales, procuradores judiciales y profesores de universidades públicas excluir parte de sus salarios del impuesto de renta.
El primer cambio corresponde a los gastos de representación exentos de los funcionarios de la Rama Judicial. Actualmente, los magistrados de las altas cortes, magistrados de tribunal, fiscales y procuradores judiciales pueden excluir del impuesto de renta un monto equivalente al 50 % de su salario. Para los jueces de la República, el beneficio corresponde al 25 %.
Una de las particularidades de esta exención es que no está sometida al límite general de rentas exentas y deducciones establecido en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Esto permite que los beneficiarios reduzcan su base gravable por fuera de los topes que aplican a la mayoría de los trabajadores.
El segundo beneficio que se eliminaría corresponde a los rectores y profesores de universidades públicas, quienes actualmente pueden declarar como exentos hasta el 50 % de su salario por concepto de gastos de representación.
Gobierno estima recaudo adicional de $261.000 millones
El documento señala que un magistrado de tribunal deja de pagar, en promedio, cerca de $40 millones anuales en impuesto de renta frente a un trabajador del sector privado o de la Rama Ejecutiva con una remuneración equivalente, debido a este beneficio.
Además, el Gobierno argumenta que la exención tiene un efecto regresivo, debido a que el monto que puede excluirse aumenta conforme se incrementa el salario. Según las cifras presentadas, en 2025 el 100 % de los beneficiarios de estas disposiciones tenía ingresos superiores a $21,3 millones mensuales y representaba apenas el 4 % de los cargos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Con la eliminación de los beneficios, estos ingresos pasarían a someterse a las reglas generales de depuración de renta, lo que permitiría incorporar mayores recursos a la base gravable y generar un recaudo adicional estimado en $261.000 millones para 2028.
La iniciativa aclara que los cambios no implican una reducción de las asignaciones básicas, los salarios ni las prestaciones sociales de los funcionarios y docentes cobijados. La modificación se limita al tratamiento tributario de sus ingresos laborales.
