Fedesarrollo publicó un documento en el cual analiza las principales modificaciones y proyecciones realizadas por el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019. La principal preocupación de la entidad es que a partir de 2022 las metas del déficit fiscal del Gobierno Nacional son superiores a las recomendadas por el Comité de la Regla Fiscal. Para 2022, el Comité recomendó que el déficit sea de hasta 1,4 % del PIB y el Gobierno estima que será de 1,6 % del PIB. En 2023 lo máximo recomendado para el déficit es 1,2 % del PIB y el Marco Fiscal proyecta 1,5 % del PIB. “Si bien el Gobierno espera sobrecumplir la meta de déficit fiscal en 2019 y 2020 en línea con sus expectativas de mayores ingresos y ajustes en el gasto, resulta sorpresiva la decisión del Gobierno de ampliar la meta de déficit por encima de lo permitido por el Comité en el 2022 y 2023. Valdría

En mayo de 2019, las ventas externas del país fueron US$3.765 millones FOB y presentaron un aumento de 1,2% en relación con mayo de 2018, reveló el Dane. Este resultado, dijo, se explicó principalmente por el crecimiento de 5,2% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas. Se trata de la primera desaceleración de las exportaciones después de cuatro meses al alza. En el quinto mes del año, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 59,9% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas y Manufacturas con 18,5% cada uno y otros sectores con 3,1%. En mayo de 2019 se exportaron 19,0 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 4,3% frente a mayo de 2018. En mayo de 2019 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$2.255,4 millones FOB y presentaron un crecimiento de

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto por medio del cual se amplía el margen para llevar a cabo enajenaciones de participaciones accionarias de entidades estatales a través de la Central de Inversiones (CISA). El documento sostiene que se aplicará solo al proceso de enajenación total o parcial de aquellas participaciones accionarias propiedad de entidades estatales de cualquier orden o rama que hayan sido adquiridas en virtud de un acto en que no haya mediado la voluntad expresa de la entidad pública o que provengan de una dación de pago. La enajenación se podrá llevar a cabo siempre y cuando la participación del Estado en la compañía no supere el 49 % del capital de la respectiva sociedad. En la normativa anterior, se podían enajenar aquellas compañías en las que la participación del Estado no superara el 10 %. “La implementación del respectivo acto no genera un costo, sino que por el contrario es fuente de