En entrevista con el diario La República, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, habló sobre las consecuencias que puede traer para el sector financiero la sobretasa de renta incluida en la Ley de Financiamiento y la eliminación de las cuotas de manejo tanto en las tarjetas de crédito y débito, como en las cuentas de ahorro. “El impacto del proyecto contra las cuotas de manejo puede ser de $6 billones para la economía. Eso es algo que el país no se puede permitir”, dijo Castro. El líder gremial dijo que, lo que está claro, es que con esa iniciativa el país dejaría de recibir por lo menos $1 billón de recaudo. La iniciativa en contra de las cuotas de manejo ya fue aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes y ahora deberá ser discutida en las comisiones económicas y la Plenaria del Senado. Castro también mostró su rechazo a la sobretasa de renta al sistema financiero que fue

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó un documento en el cual se le da concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito de hasta US$15 millones para financiar el programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público. El empréstito sería externo y se llevaría a cabo con la banca multilateral y el tiempo de ejecución del programa sería de cuatro años. El autorizado para llevar a cabo el préstamo es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para 2019 se prevé un desembolso del 6 % del total del empréstito, US$863.700, mientras que entre 2020 y 2023 se otorgaría el 94 % restante de los recursos. Los dineros serán utilizados para disminuir la baja capacidad institucional que posee el Gobierno. Según el Conpes, esto se debe a una limitada calidad del modelo de planificación, medición y seguimiento de prioridades gubernamentales, y a una limitada eficiencia y calidad de la información para

La Unidad de Regulación Financiera (URF) publicó para comentarios el documento técnico relacionado con canales y productos financieros, digitales e inclusivos, por medio del cual se proponen modificaciones al marco regulatorio con el fin de aprovechar las nuevas tecnologías y así fomentar la inclusión financiera. Según el texto, aún existen 6,3 millones de adultos en Colombia sin ningún producto financiero y otros 6,8 millones poseen cuentas inactivas. “El desafío se acentúa en zonas rurales, en donde se registra menor presencia y oferta financiera. Mientras que en las ciudades el indicador de inclusión financiera es del 88,5 % y existen 336 corresponsales por cada 100.00 habitantes, en los municipios rurales estas mediciones bajan a 66 % y 151, respectivamente”, dice el texto. La URF propone ajustar el marco regulatorio vigente para viabilizar modelos de corresponsalía digital en los cuales la prestación de servicios se haga mediante el uso de plataformas o dispositivos electrónicos sin necesidad de tener un lugar físico determinado.