El gobierno de Abelardo de la Espriella se alista para dar un paso clave de cara a destrabar la construcción de la megavía Suba – Cota, una de las obras de infraestructura más esperadas para descongestionar el noroccidente de la capital.
A través de un proyecto de resolución del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes puesto a consulta pública, el Ejecutivo busca desmontar una de las principales restricciones que mantienen frenado el corredor vial: el régimen patrimonial que protegía los terrenos aledaños de la Hacienda La Conejera.
La decisión modificaría la Resolución 1021 de 2012 mediante la cual se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de dicho inmueble, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICNAL).
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Según el documento, con esta resolución se pretende «ajustar el borde sur de la zona de influencia de la Hacienda la Conejera para construir un retorno vial del trazado de la Vía Cota, concebida desde la Carrera 92 (Cerro La Conejera) hasta la intersección con el municipio de Cota».
En plata blanca, este cambio habilitaría un tramo necesario para que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pueda avanzar en la ejecución de la megavía Suba – Cota.
Solución a conflicto y trámite pendiente para construir la megavía Suba – Cota
El trazado de la megavía Suba – Cota, estructurado por el Consorcio EyD Cota, contempla una doble calzada de 5,7 kilómetros entre la Carrera 92 con Calle 170 y la variante de Cota -por la Avenida La Conejera-, incluyendo un nuevo puente sobre el Río Bogotá.
Según datos del IDU, la obra beneficiará a 1,32 millones de personas, de los cuales la mayoría están en la localidad de Suba (Bogotá) y unas 25.000 en Cota.
El diseño incluye un retorno vial en el sector de la Carrera 111 o Avenida Corpas, lugar donde se enfrenta a una situación geográfica y ambiental, que involucra tanto a la Zona de Preservación Ambiental del Humedal El Conejito, así como a la Hacienda La Conejera.
A pesar de lo anterior, la resolución que alista el Ministerio destrabará la gestión predial del Distrito al autorizar expresamente la figura de subdivisión de una de las áreas de influencia de la hacienda, lo cual permitirá que el IDU desenglobe y adquiera formalmente el terreno para la obra.
Esta modificación cuenta con el concepto favorable unánime emitido por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) según Acta No. 03 del 17 de septiembre de 2025, la autorización de la sociedad propietaria Camelia S.A.S. y el aval del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) mediante la Resolución 0460 de 2025.
Ahora bien, este no será el único trámite que debe surtir la megavía Suba – Cota para poder comenzar construcción y así adelantar el proyecto de $1,3 billones, que se prevé quede listo en unos cuatro años después del inicio de los trabajos.
De acuerdo con el documento, también hace falta un aval ambiente de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad ante la cual el IDU radicó el 11 de mayo de 2026 la solicitud formal para evaluar la sustracción de la Reserva Thomas van der Hammen y la expedición de la licencia ambiental del proyecto.
