De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Sociedades, en 2019 el número de procedimientos de insolvencia fue de 1.272.
La cifra es 2,3 % mayor a la registrada en 2018 que fue de 1.243.
Vale mencionar que a través de los procedimientos de insolvencia las compañías entran a evaluar si participan en un proceso de liquidación o de reorganización.
Los procesos de insolvencia se dan cuando las empresas no poseen los recursos necesarios para cumplir con sus necesidades de deuda.
El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, indicó que de los 1.272 procesos de insolvencia que se presentaron en 2019, 997 derivaron en solicitudes de reorganización y 275 en solicitudes de liquidación.
Liévano indicó que el leve incremento de las solicitudes de insolvencia se pudo dar por el débil crecimiento económico que presentó el país años atrás.
“Cuando la economía se ve afectada, los negocios se ven afectados. El efecto del crecimiento se ve rezagado, hace dos años crecimos al 2,5 % y en 2017 a menos del 2 %, puede que hasta ahora estemos viendo la afectación de ese crecimiento. El mejor desempeño económico tiene que verse reflejado en mejores números de insolvencia”, dijo Liévano.
En la actualidad, la Supersociedades posee 2.700 procedimientos de insolvencias de los cuales 953 están en trámite, 1.190 están en ejecución de reorganización y 535 se encuentran en liquidación.
Liévano explicó que son los acreedores de las sociedades las que eligen y determinan si una sociedad va o no a liquidación o reorganización, no es decisión de la Superintendencia.
De otro lado, Liévano reveló que en 2019 se presentaron 467 demandas para procedimientos mercantiles a distintas compañías de las cuales 99 fueron radicadas aludiendo responsabilidad de administrador.
Otras 76 demandas fueron colocadas por impugnación y 68 se radicaron por desestimación de la personalidad jurídica.
Desde 2008 a la fecha, la Supersociedades ha intervenido a 45 grandes captadores ilegales de dinero y 434 intervenciones a personas naturales y jurídicas por estos hechos, en las que se han reconocido $3,7 billones como dineros invertidos, de estos se ha logrado el pago de $870.000 millones a los afectados.
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