El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó sus conclusiones tras revisar el Artículo IV de Colombia. Este es el comunicado del FMI al cierre de la consulta:
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió el pasado 27 de marzo para concluir la consulta del Artículo IV de Colombia.
El pasado 28 de marzo el FMI publicó el documento del equipo técnico que fue presentado al Directorio, así como un comunicado de prensa que resume la discusión que se dio en la reunión y la declaración del representante de Colombia ante dicho organismo.
El Fondo resaltó que el marco de política macroeconómica del país continúa siendo muy sólido y orientado a corregir los desequilibrios internos y externos acumulados durante 2021 y 2022.
De esta manera, las políticas macroeconómicas restrictivas adoptadas por las autoridades en los últimos años han encaminado a la economía por una senda más sostenible.
Este proceso se ha caracterizado por una reducción significativa de la inflación, una desaceleración de la demanda interna y una corrección del déficit externo. En este contexto, para 2024 el Fondo proyecta un ligero aumento del crecimiento al 1,1 % y una reducción de la inflación hasta alcanzar el 5,3 %.
Igualmente, se espera que el déficit de cuenta corriente se sitúe alrededor del 3% del PIB este año.
El informe señala que, si bien los riesgos se han moderado, estos siguen siendo elevados. En el frente externo se destacan la intensificación de las tensiones geopolíticas, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y las perturbaciones de las cadenas de suministro.
¿Cuáles son los riesgos internos de Colombia que alerta el FMI?
En el frente interno, los riesgos estarían asociados con un Fenómeno de El Niño con impactos más fuertes de lo esperado, una demanda privada más débil, una calibración no adecuada de las políticas macroeconómicas y la incertidumbre en torno a las reformas.
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Cabe resaltar que el gobierno Petro está luchando por las reformas a la salud, la pensional y la laboral.
Todos estos factores podrían afectar negativamente al crecimiento y provocar un aumento de la inflación. Sin embargo, el directorio ejecutivo del FMI reconoce que las sólidas políticas y marcos institucionales del país continúan respaldando la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a perturbaciones económicas.
Para hacer frente a la coyuntura, será necesario que las políticas se calibren cuidadosamente para reducir los desbalances remanentes de forma duradera, fortalecer las finanzas públicas y gestionar una transición fluida hacia niveles potenciales de actividad economía de mediano plazo.
Específicamente, se hace énfasis en la importancia de continuar con un proceso de normalización gradual de las políticas macroeconómicas que garantice la convergencia de la inflación a la meta del banco central y una consolidación fiscal sostenida.
De igual forma, se menciona que el régimen de flexibilidad cambiaria deberá seguir siendo la primera línea de defensa contra choques externos.
Además, se resalta la importancia del acceso a la Línea de Crédito Flexible como un instrumento de carácter precautorio que complementa la liquidez externa para enfrentar riesgos extremos y que, al mismo tiempo, envía una señal de confianza sobre el manejo de la política macroeconómica del país.
El informe destaca la resiliencia del sistema financiero y reconoce el progreso en torno a la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero del FMI (FSAP, por sus siglas en inglés).
Además, se hace hincapié en la necesidad de continuar con la supervisión atenta de los intermediarios del sector.
El FMI señala también la necesidad de avanzar en la agenda de reformas estructurales para impulsar la productividad, fomentar la inversión y diversificar la economía.
Estos esfuerzos de reforma deberán realizarse dentro de los marcos de política macroeconómica existentes, con una comunicación clara sobre la dirección de las políticas y en estrecha consulta con las partes interesadas.
También se recomienda un continuo fortalecimiento de la gobernanza, transparencia y reducción de los riesgos de corrupción.
