Las advertencias de que hay en Colombia empresas comercializadoras de energía (electrificadoras) que están en riesgo por problemas financieros no es nuevo, recientemente, en el Congreso de Andesco, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, así lo expuso.
Quiroga había afirmado que existían electrificadoras en riesgo y que la SuperServicios ya las identificadas.
“Porque hay algunas electrificadoras que compran su energía a los distribuidores, compran su energía a través de la bolsa porque no pueden reunir las condiciones de los contratos y pues el precio por bolsa está subiendo. Hay algunas que están en una situación complicada”, manifestó el funcionario.
Según Quiroga, esto se dio, principalmente, porque en pandemia se dictaron algunas normas -como la opción tarifaria- en la cual el aumento no se subía del todo al usuario, sino que se le asignaba una parte y el resto quedaba diferido.
Pero este martes el revuelo vuelve porque Dagoberto Quiroga reiteró, en una entrevista a un medio nacional, que las electrificadoras están “muy expuestas a las ventas de energía en bolsa y son los que más sufren por la opción tarifaria, tienen una deuda por cobrar de $6 billones”.
Lo que para el funcionario se podría adicionar a los efectos negativos que trae consigo el Fenómeno de El Niño y aseguró que la suma de todos estos factores podría desatar una “situación complicada” para las mismas.
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Sin embargo, el 23 de agosto de 2023, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, en una dura carta enviada al ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, expuso las dolencias de las empresas que el gremio representa.
En esencia, Asocodis advirtió que si no se toman decisiones urgentes para solucionar los problemas de liquidez de las electrificadoras, a diciembre del 2023, los saldos por recuperar, incluyendo los otros rubros como la opción tarifaria, entre otros, podrían ser cercanos a $10,5 billones, que equivalen a 3,5 años de ingreso anual de los comercializadores.
“Sin duda, algunas empresas quedarían en situación de inviabilidad financiera por insolvencia, originando un riesgo sistémico con potencial afectación a la prestación del servicio de energía para todos los colombianos, ya que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena”, recordó Manzur.
Lo anterior, incluso a los generadores térmicos que también necesitan de un flujo de caja constante para la compra de combustibles y ante un escenario de escasez hídrica el país se enfrentaría a un apagón no por temas energéticos, sino por temas financieros.
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Por un lado, Asocodis y sus empresas agremiadas observan con preocupación que la situación de liquidez de las empresas comercializadoras continúa empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria.
Así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en $2 billones que para el presidente de la Asociación agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez.
“Situación que además de resultar en insolvencia empresarial puede desembocar en un apagón por temas financieros en caso de materializarse una situación de riesgo sistémico”, precisó el líder gremial.
Al respecto de la alerta de apagones en Colombia, el superintendente Quiroga anunció que es un escenario que podría darse por causas diferentes a que no haya disponibilidad de energía.
En entrevista con El Tiempo, Quiroga indicó que se podrían presentar apagones por saboteos. “Nosotros percibimos que cuando se creó ese conflicto entre el Gobierno y las empresas de energía se habló de un eventual apagón, que no era por necesidad sino, de pronto, por presionar al Gobierno. Esto está también dentro de las posibilidades”.
Y enfatizó en que ese saboteo podría salir de algunas empresas y no por falta de energía. Destacó, además, que, si se sorprenden a compañías en esos procedimientos, la Superintendencia de Servicios Públicos iniciará investigaciones en su contra.
Sobre este tema, Andesco solicitó al superintendente que, en caso de conocer situaciones de abusos de posición dominante, saboteos y hechos de corrupción, adelante las denuncias e investigaciones ante las autoridades competentes, con las evidencias suficientes, “más allá de juicios de valor que sólo generan incertidumbre, desconfianza y mantos de duda sobre los prestadores”.
Andesco agregó que desconocen la intención de hacer creer que las empresas prestadoras están saboteando para generar apagones. “Hacemos un llamado al respeto y cuidado del buen nombre de las empresas, tanto privadas, públicas y mixtas, que vienen trabajando de manera anticipada para evitar un apagón”.
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¿Qué dolencias tienen las electrificadoras según Asocodis?
Manzur detalló que el grave problema de liquidez que tienen actualmente las empresas, aunado a las condiciones actuales del mercado de energía eléctrica, las señales del IDEAM y de la NOAA con relación a la alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de El Niño, la tendencia de los precios de la bolsa de energía.
Así como los niveles de oferta y contratación de las empresas, incumplimiento y suspensión de suministro de energía de los contratos de las subastas de FNCER, la disponibilidad de plantas y de combustibles para el funcionamiento de las plantas térmicas pone en grave riesgo al sector y a la operación misma de todos los agentes.
“Lo cual incluye las inversiones requeridas para mantener un servicio confiable y de calidad, dada la falta de liquidez de las empresas comercializadoras, quienes sostienen financieramente toda la cadena de prestación del servicio”, indicó el líder gremial.
Asocodis ha evidenciado que, a pesar de los esfuerzos que las empresas comercializadoras han realizado para alcanzar una mayor cobertura de su demanda regulada, no ha sido posible lograrlo, ya que se observa una estrechez entre la oferta y la demanda, no solo para la energía del 2023 y 2024, incluso para la cobertura de años siguientes.
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“En promedio la exposición que están presentando nuestras empresas agremiadas, las cuales representan aproximadamente el 96 % de la demanda regulada nacional, están en promedio del orden de 21 %, 21 %, 29 % y 57 %, para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, respectivamente”, destacó Manzur.
No obstante, para los años 2023 y 2024 hay empresas que tienen niveles de exposición a bolsa cercanos al 50 % e incluso superiores.
También se plantea que existe la posibilidad de que usuarios no regulados no reciban ofertas de suministro ni de su comercializador actual ni de otros comercializadores para continuar siendo atendidos en dicho mercado, con lo cual, al no encontrarse definido y reglamentado el esquema del Prestador de Última Instancia.
Solo quedaría la opción de acudir al comercializador incumbente para que sean atendido en el mercado regulado, incrementando el impacto de la exposición a bolsa mencionado anteriormente.
Adicionalmente, la mayoría de las empresas afiliadas en Asocodis se encuentran aplicando la opción tarifaria establecida en la Resolución CREG 012 de 2020, lo cual, sumado a las medidas del pacto tarifario, ha representado una situación de acumulación de saldos.
“Si bien la opción tarifaria ha diferido el impacto del costo unitario real a los usuarios, es importante reiterar la compleja situación de liquidez de las empresas comercializadoras, la cual se concentra principalmente en los saldos no recuperados derivados de la aplicación de la opción tarifaria ($4,9 billones)”, precisa el gremio.
Añade que se presentan otras deudas que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez de las empresas comercializadoras agremiadas, tales como:
- Deudas por cobrar derivadas de la aplicación de los mecanismos de alivio otorgados a los usuarios por la pandemia en el marco de la Resolución CREG 058 de 2020 ($236.000 millones)
- Deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado Público ($911.000 millones)
- Deuda por concepto de subsidios del FSSRI ($1,19 billones).
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Según Asocodis, la suma de los valores anteriores es cercana en la actualidad a $7,2 billones que equivale a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas las empresas de Asocodis, “lo cual hace inviable la actividad de comercialización en el país”.
Ahora bien, teniendo en cuenta el comportamiento reciente de los precios de bolsa, y lo que se espera para los próximos meses debido al Fenómeno de El Niño, la situación de liquidez de algunos comercializadores se complicará aún más.
“Al incrementarse el valor de las compras de energía en bolsa, dichos incrementos se trasladan al Costo Unitario real, pero con la aplicación de la Opción Tarifaria, si bien los usuarios estarían protegidos, se incrementan los saldos pendientes por cobrar”, expuso Asocodis.
En caso de que, la opción tarifaria y condiciones actuales continúen hasta diciembre del 2023 -lo cual sería inconveniente según la Asociación- y suponiendo que los precios de bolsa tengan un comportamiento cercano al precio de escasez en algunos meses en el mismo periodo y que, en suma, los niveles de exposición a bolsa se vean afectados por la suspensión de contratos FNCER, los saldos por recuperar de la opción tarifaria pasarían de $4,9 billones de pesos en julio de 23 a cerca de $7 billones en diciembre de 23.
Adicional a ello, sería necesario incluir las sumas de subsidios y las otras deudas mencionadas con anterioridad.
Con relación a los subsidios, Asocodis advierte situación es muy crítica en las electrificadoras, toda vez que, en 2023, a pesar de la adición de la Ley 2299 de 2023, aún existen recursos sin apropiar cercanos a $1,2 billones.
Para leer la carta completa haga clic aquí.
Sobre este escenario con las electrificadoras, varios actores se han pronunciado como Andesco que aseveró: “varios comercializadores están expuestos a un inminente apagón financiero, por los saldos de la opción tarifaria pendientes por cobrar que superan los $5 billones y una alta exposición a bolsa”.
Lo anterior para el gremio de los servicios públicos incrementará la medida de suspensión de contratos de fuentes renovables no convencionales, establecida por el Gobierno en el marco de la emergencia, que afecta la seguridad jurídica del país e incrementará las tarifas para los usuarios.
“La construcción de una propuesta de reforma al régimen de servicios públicos domiciliarios no debe darse en un ambiente de polarización y estigmatización de un sector empresarial que ha demostrado en los últimos 29 años, con resultados y cifras concretas, que ha mejorado la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos”, enfatizó Andesco.
