El viceministro general de Hacienda de Colombia, Juan Alberto Londoño, ya había dicho que esta reforma tributaria, llamada reforma social por el Gobierno, buscaría asegurar los ingresos suficientes para que programas como Ingreso Solidario se conviertan en políticas de Estado.
La propuesta de reforma tributaria del Gobierno Nacional sienta las bases para que ese programa de Ingreso Solidario sea una renta universal básica para los hogares más afectados por la pandemia del Covid-19.
Esta renta universal corresponderá a “una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso en el país”.
Su articulado completo y la exposición de motivos se pueden leer aquí.
La clasificación de los hogares a los cuales se les transfieran los subsidios, se hará con base en los datos disponibles en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y con base en herramientas como el Sisbén, según lo disponga el Gobierno.
Justamente el Gobierno lanzó el Sisbén 4.0 con el que busca hacer una categorización más detallada de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos y, con base en ello, entregar los recursos.
Los hogares que de acuerdo con esos parámetros se encuentren en pobreza y pobreza extrema en Colombia van recibir los recursos de manera permanente.
Con base en lo anterior, el monto de transferencias mensuales para estas familias variará desde los $80.000 para los hogares con una persona, hasta los $366.101 para hogares en pobreza extrema con seis miembros, y de $252.142 para hogares pobres.
Estos recursos se calculan con base en tres variables: transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas provenientes de los programas que administra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, subsidios por energía eléctrica y gas combustible, además de transferencias del programa Ingreso Solidario.
La renta universal que pretende el Gobierno se dará, como hasta ahora, con transferencias directas a los hogares a través de giros en bancos y empresas prestadoras de servicios financieros.
La iniciativa del Gobierno dista de los $480.000 que cerca de 50 congresistas ya propusieron como proyecto de ley para discutir en el Senado y Cámara de Representantes.
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