Tras la incertidumbre generada por la anulación del contrato con el Consorcio Amancae, el primer paquete del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez empieza a tomar forma.
Los trabajos de movimiento de tierra iniciarán en diciembre y se desarrollarían a la par de las obras de remediación ambiental.
Y los riesgos que podrían derivarse de que el consorcio ganador incluya a una empresa que está siendo investigada por corrupción estarían contenidos, al menos en esta primera etapa, según las fuentes consultadas.
Lima Airport Partners (LAP) ya ha preseleccionado a cuatro consorcios, el primer paso para asegurar que el primero de los tres paquetes camine.
Se trata de los consorcios Sacyr-GyM, Ferrovial-Acciona-JJC, OHL-Cosapi y HTB-Barbosa Mello-Mota Engil. «Daremos la adjudicación [del primer paquete] a fin de este mes, para comenzar los trabajos de limpieza y desbroce en diciembre. Ya hemos preseleccionado [a los consorcios]. Ahora vamos a entrar en la etapa de negociaciones», indicó Anton Aramayo, director del proyecto de ampliación.
Los tres consorcios tienen a una constructora peruana investigada (GyM, JJC, Cosapi y Mota Engil). Pero, más allá del riesgo reputacional, ninguna tiene impedimento de contratar con el Estado, requisito que el MTC exigirá.
Este primer paquete, que demandará una inversión de US$60 millones, será financiado con recursos propios de LAP. Un alto directivo de LAP sin autorización para declarar explicó que la empresa ha recurrido a una consultora internacional para que verifique que los consorcios preseleccionados y sus miembros cuentan con sistemas de compliance.
«Un factor determinante para un acuerdo comercial entre privados es la implementación de una política de cumplimiento», anotó el penalista Carlos Ibarra. Además, a través de una cláusula, LAP establecerá que el consorcio ganador será el encargado de sacar adelante el proyecto si, en el futuro, la contraparte tuviera un impedimento. Esto evitará que la obra se detenga y garantizará la continuidad del proyecto, que busca convertir a Lima en un hub aerocomercial en la región.
GyM y JJC han constituido fideicomisos ante un eventual pago de reparación civil y, según La República, GyM, Cosapi y JJC están en un proceso de colaboración eficaz por el caso del ‘club de la construcción’.
«Si ya tienes un preacuerdo de colaboración con la Procuraduría, el riesgo es acotado. Y cuando se homologa el acuerdo, el riesgo se acota más, porque sabes cuánto debes pagar», explicó el abogado penalista Carlos Caro.
De no mediar imprevistos, las obras del primer paquete del proyecto concluirían a finales del 2020.
(Con información de SemanaEconómica)
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