La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima que una eventual ley seca en Colombia —durante la emergencia del coronavirus— podría derivar en una pérdida para el comercio de hasta $1,4 billones cada mes.
Igualmente, este estudio calcula que los departamentos colombianos —que reciben cerca de $5 billones anuales por concepto de impuestos al licor— dejarían de ingresar entre $216.000 y $431.000 millones mensuales.
A juicio del presidente de Anif, Mauricio Santamaría, esta sería una decisión “desacertada” teniendo en cuenta que esos recursos son “indispensables para la atención de la contingencia y servirían para adquirir aproximadamente 1.2 millones de pruebas avanzadas de diagnóstico o 6.000 ventiladores”.
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En el mismo informe, Anif mostró que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la industria y comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia.
Estos últimos, de acuerdo con el estudio, serían los más afectados ante una medida de ley seca, que acabaría con cerca de 33.000 empleos, lo que se traduce en una pérdida mensual de ingreso para los hogares cercana a los $30.000 millones.
En este orden de ideas, Anif defendió que solo una minoría de países ha tomado una decisión tan drástica como esta, pues no existe evidencia que apoye una relación directa entre la prohibición al consumo de alcohol y la contención del virus.
Otro efecto “negativo” que traería este tipo de propuestas, según Anif, es el incremento del mercado ilegal de licores —bebidas de contrabando o adulteradas— que representa entre 12 % y 29 % del total del mercado en Colombia, que “bajo un escenario de implementación de la ley seca, llegaría al menos al 40 %”.
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