En la Promoción de Crecimiento Económico, norma que reemplazará a la Ley de Financiamiento y cuyo articulado es idéntico, se elimina el IVA a las importaciones de bienes de capital, se disminuye la tarifa de renta de las empresas a las que también se les descuenta el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Estos beneficios tributarios, aprobados por el Congreso en 2018, pero que deberán ser discutidos nuevamente por la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, le costarían a la Nación $9,4 billones en 2021: $1,3 billones provenientes de la disminución de la tarifa de renta, $6,5 billones de la eliminación IVA para los bienes de capital y $1,6 billones de la reducción del ICA.
Los descuentos tributarios no tendrían incidencia alguna en los ingresos de la Nación en 2020, pero después de 2021 seguirían incrementando el monto que la Nación dejaría de recibir.
En 2022 la Nación dejaría de recibir $11,5 billones y en 2023 $19,4 billones. El pico máximo de dineros que no recibiría el Estado es en 2030 con $30,8 billones.
A pesar de estas reducciones tributarias, el Ministerio de Hacienda proyecta que el recaudo estimado de la reforma tributaria aumentará $11,4 billones en 2020, $7,1 billones en 2021 y $10,2 billones en 2022. En 2030 se proyecta un incremento de ingresos tributarios de $17,4 billones.
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