La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por $4,3 billones que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas en el caso de Hidroituango. Para más información de energía haga clic aquí.
Esto se dio como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.
El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.
La sala determinó procedente la declaración de responsabilidad fiscal respecto a las siguientes 26 personas naturales y jurídicas:
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También se confirmó en grado de consulta la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor de Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón.
La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria revocó en grado de consulta la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y, en consecuencia, la declaró como tercero civilmente responsable, haciendo efectiva la póliza todo riesgo construcción N° 2901211000362.
Y se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de Seguros Generales Suramericana S.A., haciendo efectiva la Póliza No. 0475631-1 de responsabilidad civil para directivos y administradores. Además, se confirmó la desvinculación de otras pólizas.
De esta manera, mediante el Auto No. ORD-801119- 263 -2021 de 25 de noviembre de 2021, se resolvió en grado de consulta y apelación la decisión de primera instancia contenida en el Auto No. 1413 de 3 de septiembre de 2021, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Para la Contraloría, las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de $3.157.419.881.218,97.
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«Como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público», relató la Contraloría.
Dichas circunstancias conllevaron a que se implementaran planes consecutivos de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos, lo que a su vez generó mayores inversiones durante el desarrollo de todo el proyecto.
Del mismo modo, la pérdida de los recursos invertidos en la hidroeléctrica generó una merma en los recursos del Estado, como consecuencia del lucro cesante en cuantía de $1.173.411.734.008,37 por la no entrada en operación en la fecha programada. Estas dos cifras sumadas indican que la cuantía total del daño fiscal determinado es de $4.330.831.615.227,34.
