El Business Process Outsourcing (BPO) es una práctica en la que se contrata a un provedor externo para que se encargue de ejecutar procesos que tradicionalmente se realizan de manera interna en una empresa. Este ecosistema ha venido registrando un crecimiento importante en los últimos años gracias a su impacto en la competitividad.
De acuerdo con un informe realizado por BPrO, en Colombia, este sector aporta el 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera $56,5 billones en ingresos operacionales. En términos de generación de empleo, este registra cerca de 789.687 empleos directos y tiene presencia en cerca de 28 departamentos del territorio nacional.
En ese sentido, se ha evidenciado que Bogotá concentra el 50 % de los puestos de trabajo, Medellín el 22,9 % y Barranquilla el 8,8 %. A eso se le suma que ciudades como Pereira, Manizales e Ibagué se afianzan como centros de talento, bilingüismo y servicios globales.
El reporte también destaca buenos resultados en el frente internacional. Al cierre de este 2025, las exportaciones de servicios BPO y de Externalización de Procesos de Conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés) alcanzaron los USD 2.934 millones, impulsadas principalmente por operaciones hacia Estados Unidos (60 %), seguidas de España (11 %), Chile (7 %) y México (3 %).
“Este desempeño permitió que Colombia se mantuviera como uno de los destinos más confiables para el offshoring global, ocupando el quinto lugar en el Offshore BPO Confidence Index, con una calificación del 84,9 %”, destacó el análisis.
En materia de innovación, la industria BPO en el país reporta que cerca de un 76 % de las empresas ya incorpora inteligencia artificial en procesos de atención al cliente, automatización, televentas y analítica, lo que les ha permitido fortalecer modelos operativos híbridos que combinan tecnología avanzada con supervisión humana.
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¿Qué viene para el 2026?
El sector BPO proyecta crecimientos superiores al 6 % en ingresos y empleo, así como la vinculación de 30.000 nuevos agentes bilingües. No obstante, estas perspectivas están sujetas a que el entorno regulatorio y laboral preserve las condiciones de competitividad del sector.
Para alcanzar esos objetivos, BPrO ha hecho énfasis en la necesidad de que las reformas laborales y la definición del salario mínimo se construyan con criterios técnicos, gradualidad y diálogo social, de forma que “no se ponga en riesgo la empleabilidad, la formalización ni la sostenibilidad de una industria intensiva en talento humano”.
