El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEF) informó que la demanda interpuesta por la empresa Odebrecht contra el Estado incluye la exigencia de una indemnización por más de US$ 1.200 millones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La demanda presentada por Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el 21 enero tiene como argumento que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
“El Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, indicó el MEF.
Según el MEF, Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
Sin embargo, el ministerio sostiene que el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht sostiene en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
El MEF también señala que Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales. El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$ 50.000 millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y tratados de inversión.
(Con información de Gestión)
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