El Proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, aprobado en primer debate por el Concejo de Bogotá, plantea modificaciones al sistema tributario de la capital que impactarían a propietarios de vivienda, pequeños negocios, restaurantes, bancos, compradores de vehículos y empresas.
La iniciativa de la Secretaría Distrital de Hacienda busca recaudar recursos para modernizar el alumbrado público, reducir algunas cargas tributarias, facilitar el pago de deudas con la ciudad y crear incentivos para atraer inversión y generar empleo.
Sin embargo, el proyecto todavía no es una norma vigente. Tras superar el primer debate, debe ser discutido y votado en la plenaria del Concejo de Bogotá, por lo que sus medidas todavía pueden cambiar.
¿Quién pagaría por modernizar el alumbrado público?
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Uno de los principales cambios sería la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público de Bogotá.
Para las viviendas, la propuesta contempla que la sobretasa recaiga sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6. En cambio, las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían esta sobretasa cuando el valor utilizado para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a aproximadamente $1.047 millones en 2026.
Por ejemplo, una vivienda de estrato 2 cuyo avalúo utilizado para calcular el predial sea de $300 millones no tendría que pagar esta sobretasa.
El proyecto también contempla protecciones adicionales para hogares que estén en condiciones de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad.
La medida no se limitaría a las viviendas. También contempla predios comerciales, industriales y financieros.
Un punto importante es que este cobro no llegaría en la factura de energía. Es decir, una persona que viva en arriendo no tendría que asumir una nueva tarifa de alumbrado simplemente por ser arrendataria. El mecanismo estaría asociado al impuesto predial.
La propuesta no busca únicamente cambiar bombillos. La Secretaría plantea utilizar tecnología para administrar el sistema de iluminación de Bogotá, con herramientas que permitan detectar una luminaria dañada sin esperar a que un ciudadano la reporte, controlar las luces de manera remota, medir consumos y regular la intensidad de la iluminación.
También se contempla la incorporación de luces LED, sensores y conectividad.
El objetivo sería pasar de un sistema que principalmente presta el servicio de iluminación a uno que pueda ser monitoreado y administrado con información en tiempo real.
Además, la Secretaría de Hacienda y la UAESP tendrían que informar al Concejo sobre el recaudo de los recursos y el avance de la modernización.
¿El ICA subiría para todos los negocios?
No. Este es uno de los puntos que la Secretaría busca aclarar. El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aplica a las actividades comerciales, industriales y de servicios y, bajo la propuesta, 275 actividades tendrían una reducción de tarifa.
Hacienda asegura que más del 50 % de las empresas de Bogotá tendría una reducción en este impuesto.
Por ejemplo, un bar con ingresos anuales de $1.200 millones actualmente paga cerca de $16,6 millones de ICA. Con el proyecto, pagaría aproximadamente $13,2 millones, es decir, tendría un ahorro cercano a $3,4 millones al año.
En el caso de un restaurante con ingresos anuales de $325 millones, el ICA pasaría de unos $4,5 millones a aproximadamente $3,9 millones. El ahorro sería de cerca de $585.000 al año.
Para una empresa dedicada a la edición y publicación de libros con ingresos anuales de $800 millones, el impuesto pasaría de unos $6,4 millones a $3,2 millones, según los ejemplos entregados por Hacienda.
Esto significa que el proyecto no plantea un incremento generalizado del ICA. Algunas actividades pagarían más, otras menos y otras mantendrían condiciones similares.
¿Qué pasa con las tiendas de barrio?
El proyecto también busca reducir las cargas para pequeños negocios que reciben pagos con tarjetas débito y crédito.
Si un negocio tuvo ingresos inferiores a 1.933 UVT en el año anterior —aproximadamente $101,2 millones en 2026— no tendría retención de ICA sobre los pagos que reciba mediante tarjetas débito o crédito, siempre que cumpla las demás condiciones establecidas.
Para entenderlo en términos mensuales, el límite equivale a ingresos promedio cercanos a $8,4 millones al mes.
Así, una tienda que facture alrededor de $8 millones mensuales podría estar dentro del beneficio si cumple los demás requisitos.
La Secretaría aclara que pagar con tarjeta no crea un nuevo impuesto ni para el tendero ni para el cliente. El cambio está en la retención del ICA que actualmente puede aplicarse sobre determinadas operaciones.
El proyecto tampoco crea un impuesto nuevo que deba pagar directamente una persona cuando compre un vehículo.
El cambio estaría en el ICA de los establecimientos dedicados a comercializar carros y motocicletas.
La propuesta establece tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo. Por cada $1 millón de ingresos gravados, la tarifa propuesta equivaldría aproximadamente a $8.000 para vehículos eléctricos, $10.000 para híbridos y $11.000 para vehículos convencionales.
Sin embargo, Hacienda enfatiza que este valor corresponde al impuesto que paga la actividad económica y no a un nuevo impuesto incluido directamente en la factura del comprador.
Por eso, el proyecto no establece que un carro deba subir automáticamente de precio por este concepto.
¿Qué pasaría con los bancos?
Otro de los cambios que generó discusión fue la tarifa de ICA para el sector financiero.
La propuesta inicial de llevar la tarifa a 21 por mil cambió durante el debate en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo.
Ahora se plantea un esquema gradual: los bancos pagarían $20.000 por cada $1 millón de ingresos gravados hasta 2027; $19.000 en 2028 y $18.000 desde 2029.
La Secretaría pone esta tarifa en contexto frente a otras ciudades. Según sus cálculos, en Bogotá serían $20.000 por cada $1 millón de ingresos gravados, frente a $25.000 en Cali y $30.000 en Barranquilla y Tunja.
La propuesta también establece tratamientos diferentes para cooperativas y otras organizaciones del sector solidario.
Hacienda sostiene que el aumento del ICA para algunos bancos no significa automáticamente que vayan a subir las tasas de los créditos.
La razón es que las tasas de interés dependen de diferentes variables, entre ellas las decisiones del Banco de la República, la inflación, el riesgo de cada cliente y las políticas comerciales de cada entidad financiera.
Por eso, el proyecto modifica un impuesto que pagan las entidades financieras, pero no fija la tasa que un banco puede cobrar por un crédito.
Uno de los beneficios que podría tener un impacto directo sobre los contribuyentes morosos es la reducción de intereses y sanciones.
No se trata de un “borrón y cuenta nueva”: el capital de la deuda tendría que pagarse completamente.
El beneficio consiste en una reducción del 60 % de los intereses y sanciones, siempre que el contribuyente cumpla las condiciones establecidas.
Por ejemplo, si una persona debe $1 millón por concepto de impuesto y acumula otros $500.000 entre intereses y sanciones, tendría que pagar los $1 millón del impuesto, pero de los $500.000 adicionales solo pagaría $200.000.
En ese caso, el alivio sería de $300.000.
El plazo previsto para acogerse al beneficio sería hasta el 21 de diciembre de 2026.
Bogotá eliminaría dos impuestos desde 2027
El proyecto también contempla eliminar dos tributos a partir de 2027. El primero es el impuesto de publicidad exterior visual. El segundo es el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, que actualmente se aplica a determinadas actividades, entre ellas entradas a salas de cine, teatros y algunos espectáculos, además de rifas y concursos.
La eliminación del impuesto de publicidad exterior no significa que desaparecerían los controles sobre las vallas o anuncios. Las normas, permisos y restricciones sobre publicidad exterior continuarían vigentes.
El proyecto también plantea utilizar el sistema tributario como una herramienta para atraer nuevas inversiones.
Los beneficios no serían automáticos ni estarían dirigidos únicamente a empresas grandes. Para acceder, las compañías tendrían que realizar inversiones en Bogotá y, dependiendo del incentivo, generar y mantener puestos de trabajo.
La propuesta permitiría que tanto empresas nuevas que lleguen a la ciudad como compañías que ya operan en Bogotá puedan acceder a incentivos si realizan nuevas inversiones y cumplen las condiciones.
El Distrito estima que estas medidas podrían contribuir a atraer alrededor de $79,8 billones de inversión privada y más de 200.000 empleos durante 10 años.
Además, contempla incentivos relacionados con renovación urbana, vivienda, construcción sostenible y protección de edificios de interés cultural.
¿Entonces quiénes pagarían más y quiénes pagarían menos?
El efecto no sería igual para todos. Los propietarios de viviendas de estratos 4, 5 y 6 estarían entre quienes asumirían el nuevo mecanismo de financiación del alumbrado público mediante la sobretasa al predial. También habría cambios para determinados sectores económicos a través del ICA.
Al mismo tiempo, más de la mitad de las empresas tendrían reducciones en la tarifa del ICA, los pequeños negocios tendrían un alivio en las retenciones asociadas a pagos con tarjeta y los contribuyentes morosos podrían reducir en 60 % los intereses y sanciones de sus obligaciones.
Además, desde 2027 desaparecerían dos impuestos distritales. Por ahora, todos estos cambios corresponden al texto que superó el primer debate. El proyecto deberá ser discutido en la plenaria del Concejo de Bogotá antes de convertirse, eventualmente, en una norma vigente.
