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De acuerdo con información de El Tiempo, a la fecha son cinco las empresas que fueron al cuarto de datos por información detallada para analizar si entran de lleno al proceso. Estas compañías son Celsia, que opera en el mercado de distribución a través de la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa), la transportadora de gas Promigás, la distribuidora Enertolima, la Empresa de Energía de Boyacá, controlada por el fondo canadiense Brookfield, dueño también de Isagén y el empresario William Vélez. A estas se suma el interés que en diferentes escenarios ha expresado el Grupo Enel,de Italia, que controla la

Promigas ha confirmado la renuncia de su Vicepresidente de Distribución, Rodolfo Anaya, quien se retiraría de la compañía a partir del próximo mes de octubre, al mismo tiempo, se ha conocido que ha sido nombrado Presidente de Gas Natural S.A, cargo que ocupará a partir del 8 de octubre de 2018. A finales de agosto este medio había reportado la renuncia del Presidente de Gas Natural en Colombia , Francisco Javier Fernandez.  Vale resaltar que los mayores accionistas de Gas Natural S.A son los canadienses Brookfield, Grupo de Energia de Bogotá, Corficolombiana y los fondos de pensiones del país. Anaya tenia a

La Costa Caribe es un mercado de energía con alto potencial de crecimiento, con más de 11 millones de usuarios, un acelerado desarrollo industrial y una importante proyección de aumento de la demanda. Es por ello que el negocio de comercializar y distribuir la energía eléctrica en la región no le es indiferente a inversionistas que visionan buenos resultados con esta operación. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, anunció que se está trabajando para que antes de terminar el actual Gobierno, ya sea en la última semana de julio o la primera de agosto, quede abierta la convocatoria

El Gobierno autorizó otorgar una garantía a Electricaribe para que tome créditos en la banca por 730 mil millones de pesos para un plan de inversiones que será ejecutado en los próximos 12 meses mediante el cual se mejore la calidad de prestación de servicios en la Costa Caribe. “El paso es fundamental para el futuro de la empresa, para que mejore la calidad, porque los indicadores son muy malos, en cuanto al número de interrupciones o el número de horas que pasan las viviendas y negocios sin energía. Eso se resuelve con más inversión (en redes y transformadores)”, explicó

A 4,3 billones de pesos ascienden las obligaciones financieras de Empresas Públicas de Medellín (EPM) del proyecto de Hidroituango, afirmó su gerente Jorge Londoño de la Cuesta, quien también dijo todos los créditos del proyecto hidroeléctrico están asegurados. La deuda total de EPM es de 18 billones de pesos con diferentes entidades e instituciones financieras. La estructura del portafolio está conformada por deudas de corto, mediano y largo plazo. A la pregunta de si se van a renegociar los créditos indicados, respondió que “tenemos que concretar con estas entidades para que se desembolsen algunos créditos que ya están aprobados y