Un mes después del sismo del 10 de agosto, que afectó al 45 % de los municipios del país en 16 departamentos, Transparencia por Colombia (TPC) presentó su primer informe de seguimiento de la iniciativa Transparencia Reconstruye.
Con datos consolidados a corte del 14 de septiembre, el documento identifica avances institucionales, pero también vacíos de información que, según la organización, podrían comprometer la trazabilidad de los recursos destinados a la emergencia.
Transparencia identificó seis fondos nacionales vinculados a la financiación de la emergencia —Fngrd, Fondo Milagro, Fondes, Fonpet, FAE y Frisco—, de los cuales el Fondo Milagro y el Fondes operan bajo régimen de derecho privado, lo que la organización señala como un factor que exige controles reforzados.
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Por ahora, las cifras revelan que entre el 11 de agosto y el 12 de septiembre se registraron 402 contratos por $88.400 millones para atender la emergencia. El 65 % de los contratos y el 45 % de los recursos corresponden a alcaldías.
El 81 % se hizo mediante contratación directa y el 51,5 % utilizó la causal de urgencia manifiesta, concentrando $72.900 millones. Los contratos se enfocaron principalmente en servicios profesionales, obras, ayudas humanitarias y materiales de construcción.
El 90 % de la contratación proviene de entidades municipales. Solo tres gobernaciones reportan contratos y el DNP registra dos proyectos de inversión, ambos todavía en formulación.
Las alertas sobre el Fondo Milagro
El informe dedica especial atención al Fondo Milagro, al que describe como el vehículo financiero central de la reconstrucción. TPC advierte que, a la fecha, no se han identificado registros de contratación pública ni la sociedad fiduciaria que lo administrará.
Entre los riesgos señalados está la opacidad contractual derivada de su régimen de derecho privado, que —según experiencias previas con otros patrimonios autónomos— puede dificultar el acceso a información sobre contratos, modificaciones y ejecución.
Por otro lado, la dificultad de trazabilidad por la diversidad de fuentes que confluyen en el fondo (Presupuesto Nacional, donaciones, cooperación, crédito público, aportes territoriales y privados), un problema que TPC ya documentó durante la emergencia por covid-19, cuando encontró contratos registrados varias veces por estar asociados a distintas fuentes.
Asimismo, alertan por ausencia de criterios públicos y verificables para la priorización de proyectos y beneficiarios por parte del Consejo Directivo del fondo, en un contexto que la organización describe como de alta disponibilidad de recursos y cercanía a un ciclo electoral territorial.
Y por último, riesgo de manipulación o baja calidad de la información reportada sobre afectaciones, beneficiarios y ejecución.
Transparencia por Colombia hace un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades ejecutoras para que publiquen todos los contratos del Fondo Milagro en SECOP y establezcan un identificador único para los recursos.
También piden que hagan públicos los criterios de priorización de proyectos y beneficiarios, limiten la contratación directa estrictamente a lo necesario y fortalezcan la supervisión, la interventoría y el control ciudadano durante todo el ciclo de reconstrucción, no solo en la fase inicial.
La organización concluye que la reconstrucción «no debe evaluarse únicamente por la velocidad de ejecución de los recursos», sino también por la transparencia, la trazabilidad y la participación de las comunidades afectadas.
